Daremos los pasos para la independencia: Puigdemont

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat catalana, aseguró anoche que, tras la celebración del referéndum y la victoria arrolladora del “sí” a la independencia, esta semana dará los pasos necesarios para declarar una república catalana.

Ayer votaron 2 millones 262 mil catalanes, según los datos de la Generalitat. El “sí” se impuso con 90% de votos (2 millones, 202 mil 144), y el “no” consiguió 7.8% (165 mil 566). Cientos de ciudadanos celebraron el resultado con manifestaciones y caceroladas en el centro de Barcelona.

“El Govern que presido trasladará en los próximos días al Parlamento de Cataluña, sede y expresión de la soberanía de nuestro pueblo, los resultados de la jornada de hoy para que actúe de acuerdo con aquello previsto en la Ley de Referéndum”, dijo Puigdemont en una comparecencia televisada. Sin citarlo expresamente, lo previsto por dicha ley es activar el proceso de secesión de España tras una victoria de esta opción en el referéndum.

Horas antes, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, mantuvo su línea dura, prometiendo firmeza, exigiendo cumplir la ley y agradeciendo a la policía y la guardia civil por sus intervenciones de ayer. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer”, aseguró.

“Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña, hoy todos los españoles hemos constatado que el Estado de derecho mantiene su fortaleza, que reacciona ante quienes lo quieren subvertir y que lo hace con eficacia y serenidad”, dijo desde el Palacio de la Moncloa.

Rajoy insistió en que “ha fracasado un proceso que sólo ha servido para sembrar división, enfrentar a los ciudadanos y provocar situaciones indeseadas”.

Aun así, planteó una mínima esperanza de consenso al anunciar que no cerraba “ninguna puerta”. “Ofrezco diálogo dentro de la ley”, dijo, en una declaración que minutos más tarde quedaría eclipsada por el mensaje de Puigdemont.

Hasta dónde llegará el presidente catalán es una incógnita, pero todos los actores políticos españoles ya daban por asumida la victoria del “sí” en la consulta, puesto que los ciudadanos que apoyan continuar en España siempre se postularon mayoritariamente por no participar en la votación. Una prueba es que estos días no hubo campaña por el “no”, y sólo la escalada de acciones judiciales contra Cataluña ha invitado a los partidarios de esta opción a acercarse a las urnas para apoyar a las instituciones autonómicas.

El gran objetivo de los organizadores de la consulta de ayer estaba en alcanzar una cifra alta de participación que apoyara el discurso de que los catalanes desean expresarse sobre su relación con el resto de España. Habían sido convocados a las urnas 5.3 millones de catalanes, y el referente de éxito eran los 2.3 millones de catalanes que votaron en 2014 en una anterior consulta no vinculante sobre el mismo tema.

Ayer alcanzaron 2.2 millones, pero las autoridades precisaron que 400 colegios electorales fueron cerrados, precintados o intervenidos por miembros de la Policía Nacional.

Hasta anoche era una incógnita qué haría Puigdemont. Junto a la posibilidad de una declaración unilateral de independencia, las otras dos salidas más comentadas eran la convocatoria de unas elecciones autonómicas para capitalizar en votos la movilización social y plantarse con más fuerza ante el gobierno central, o un escenario de huelga general desde este martes que defienden el partido radical CUP y varias asociaciones civiles.

Anoche, el vicepresidente del gobierno, Oriol Junqueras, dijo que Cataluña “se ha ganado el derecho de ser una nueva república, si así lo decide el Parlament”.

Por su parte, el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, ha instado a Europa a escoger entre la “vergüenza y violencia” del Estado o la “dignidad y democracia” de Cataluña.

La declaración de independencia es lo que más preocupa en Madrid. Eso desencadenaría la activación del artículo 155 de la Constitución española: la suspensión de la autonomía. El gabinete de Puigdemont sería retirado del poder, y el gobierno central asumiría toda la autoridad en Cataluña, una posibilidad que se plantea como altamente conflictiva.