La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México informó que, del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, ha sancionado a 2 mil 716 servidores públicos de la administración pública local. Del total, 50% son funcionarios de las 16 alcaldías.
De acuerdo con el cuarto informe de actividades de la Contraloría, que este jueves será presentado ante comisiones del Congreso de la Ciudad de México, se han aplicado, durante el periodo referido, apercibimientos, amonestaciones, inhabilitaciones, destituciones y sanciones económicas por un monto total de 4 mil 52 millones 819 mil 13 pesos.
El documento detalla que la Secretaría de la Contraloría ha impuesto 376 sanciones a 215 servidores públicos del gobierno central, entre las que se encuentran 64 multas económicas por un monto de 2 mil 259 millones 766 mil 258 pesos, y 11 inhabilitaciones a personas con nivel de director general.
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En tanto, con base en los expedientes en investigación y del análisis realizado por los órganos internos de control en alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, se determinó el inicio de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (Pads) y Procedimientos de Responsabilidad Administrativa (Pras).
En lo que respecta a las alcaldías, se impusieron 2 mil 153 sanciones a mil 371 servidores públicos de la siguiente manera: 122 apercibimientos, 627 amonestaciones, 596 suspensiones, 15 destituciones, 374 inhabilitaciones, y 419 sanciones económicas, por un monto total de mil nueve millones 235 mil 419 pesos.
Mientras que en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades se registraron mil 802 sanciones a mil 130 personas de la siguiente manera: 30 apercibimientos, 713 amonestaciones, 668 suspensiones, 273 inhabilitaciones, nueve destituciones y 109 sanciones económicas, por un monto de 783 millones 817 mil 336 pesos.
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“A la Dirección General de Responsabilidades Administrativas le corresponde, como parte de sus atribuciones, la recepción, atención y tramitación de las denuncias por presuntas faltas administrativas, así como la substanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa, en contra de las personas servidoras públicas y particulares. Con ello, esta autoridad pretende tener un efecto disuasivo en dichas personas, al incurrir en faltas graves o no graves, de acuerdo con la calificación realizada en la etapa de investigación”, destaca el informe de la Contraloría capitalina.
Quejas ciudadanas
El documento también destaca que la ciudadanía denuncia presuntas faltas administrativas atribuibles a servidores públicos, personas físicas y morales.
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