Registran mil 807 solicitudes de información sobre el derrumbe de la Línea 12 del Metro

Casi el 50% de las solicitudes de información sobre el derrumbe en la Línea 12 del Metro han sido hechas al Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) y a la Jefatura de Gobierno.

De acuerdo al reporte especial ‘Apertura en la Línea 12 del Metro. La ruta del interés público a un año’, elaborado por el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (info CDMX), del 3 de mayo de 2021 hasta el 11 de mayo de 2022, se han realizado mil 807 solicitudes de información relacionadas con la tragedia en la línea dorada.

El STC acumula 459 requerimientos, mientras que la Jefatura de Gobierno 398, son los sujetos obligados más buscados a un año del derrumbe. Más atrás están las secretarías de Obras y Protección Civil con 196 y 142 requerimientos, respectivamente.

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No obstante, se identificó que el Metro, la Jefatura de Gobierno, Secretaría de Protección Civil, de Movilidad, de Salud, Red de Transporte Público de Pasajeros y la Fiscalía capitalina no cumplen a cabalidad con hacer pública la información con transparencia proactiva y desagregada.

De igual forma, no cumplen al 100% con publicar y difundir mensajes focalizados, especialmente sobre los programas y apoyos sociales para que las personas puedan acceder a los mismos, y tampoco establecen pisos mínimos de rendición de cuentas del proceso de recuperación estructural y material de la línea.

Asimismo, este reporte, que hoy fue adelantado por EL UNIVERSAL , precisa que a partir del análisis de las solicitudes de información, se observó que las personas preguntaron sobre informes, reparaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, datos sobre la póliza y la aseguradora contratada, presupuesto y gasto para la reparación, información de los peritajes realizados, averiguaciones previas y auditorías.

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En este sentido, el estudio propone aplicar el principio propersona y evitar la clasificación de información relacionada a la Línea 12, siempre y cuando haya con el debido tratamiento de los datos personales para evitar su divulgación. También se pide generar y difundir versiones públicas de las carpetas de investigación para poder acercar y abrir esta información a toda la ciudadanía.

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