La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para aplazar un año la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial.

La propuesta de la mandataria capitalina implica posponer la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo Urbano y el Programa General de Ordenamiento Territorial hasta el 1 de octubre de 2023; mientras que programas de gobierno de las alcaldías y de ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones, hasta el 1 de abril de 2024.

A través de la iniciativa, que ya recibieron los legisladores, se propone reformar los artículos decimoquinto transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México y octavo transitorio de la Ley del Sistema de Planeación de Desarrollo de la capital del país.

En los argumentos, la jefa de Gobierno recordó que el 8 de julio de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad el aviso por el que se expidió la convocatoria para Consulta Indígena a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la capital del país, mediante la cual presentarán recomendaciones y propuestas al Proyecto del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial.

Así como el aviso por el que se abrió la convocatoria de consulta para opciones y propuestas del proyecto del Plan General de Desarrollo y al proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial, del 8 de agosto de 2022 al 8 de enero de 2023.

También expuso que “entre los objetivos de la planeación se encuentran asegurar el desarrollo sustentable de la Ciudad y su transformación socioeconómica y satisfacer las necesidades colectivas e individuales, así como los intereses de las comunidades que habitan la Ciudad y hacer efectivas las derechos de las personas establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, para garantizar el derecho a la ciudad y sus funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental”, expuso en el documento.

El envío de la iniciativa se da luego de que la propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que lo haría, pues el documento que se está consultando trae errores de redacción, como es el caso del suelo de conservación, que está generando inconformidad en los pueblos y rechazó que se busque privatizar la extensión del plazo.

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