Tras realizar una “rodada” del Parque Hundido a la sede de la Secretaría de Movilidad ( Semovi ), diputados del PAN y de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso local exhortaron al titular de esa Secretaría, Andrés Lajous Loaeza, pronunciarse sobre la discusión de la Ley Federal de Movilidad , congelada en San Lázaro.
“Sí, tenemos la autoridad moral para decirle a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum , que sea aliada de los derechos de ciclistas y peatones, dejando atrás las presiones por intereses del poder económico”, indicó el panista Federico Döring Casar .
Al efectuar un mitin en la puerta principal de la Semovi, ubicada en Avenida Álvaro Obregón 265, colonia Roma, el legislador expresó que el Gobierno capitalino debe apostarle a la movilidad sustentable, para que la Ciudad sea vanguardia en temas de transporte alternativo y no contaminante.

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“El titular de Semovi fue activista y debe estar del lado de la razón y no de Morena, ni ser una costosa estatua de sal. La Ley de Movilidad detenida necesita que todos los liderazgos que la puedan apoyar, se pronuncien”, exigió el representante popular.
A su vez, los diputados de la Asociación Parlamentaria Ciudadana ( APC ), Daniela Álvarez Camacho y Royfit Torres González, afirmaron que la Ciudad de México no está diseñada para las personas con discapacidad motriz o limitada.
Por ello, demandaron saber cuáles son las acciones afirmativas que hará el Gobierno en pro de este sector de la población y con base a la legislación en proceso a nivel federal.
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“Tener una Ley de Movilidad integral, ayudaría a que se diseñe una sola política a nivel nacional y todas las entidades puedan caminar en el mismo rumbo”, señalaron los diputados del PAN y Movimiento Ciudadano , respectivamente.
Sostuvieron que las calles deben ser de todos y no seguir privilegiando el uso del automóvil, “sobre todo porque sólo el 20% de la población se moviliza en este medio”, enfatizó Torres González.
Coincidieron en exigir al secretario de Movilidad que no sea parte del silencio cómplice y cobarde del veto, que el Gobierno capitalino pretende anteponer a los intereses económicos.
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