Diputada del PVEM impulsa que conductores ebrios o drogados paguen mensualidad a hijos de sus víctimas; "que reparación del daño sea real"

La diputada local del PVEM Rebeca Peralta presentó una iniciativa para que los conductores ebrios que provoquen la muerte de una persona, además del pago de una indemnización, estén obligados a otorgar una pensión mensual a las hijas e hijos de sus víctimas.

Desde tribuna, la legisladora explicó que actualmente la ley contempla la reparación del daño, pero en la práctica ésta suele limitarse a una indemnización única, la cual resulta insuficiente para cubrir las necesidades de largo plazo de niñas, niños y adolescentes que dependían económicamente de la víctima.

“Lo que estamos proponiendo es que la reparación del daño sea real, que no sea de una sola vez, sino que incluya una pensión económica periódica que garantice la subsistencia y el desarrollo de quienes se quedan”, señaló.

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La iniciativa plantea adicionar el artículo 140 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, en el que se establece que un juez determinará un monto de pensión tomando en cuenta los ingresos de la víctima y las necesidades de las personas beneficiarias.

Explicó que cuando la víctima contaba con un empleo o ingreso formal, la pensión se calculará con base en el salario que percibía, considerando el nivel de vida que sostenía para su familia.

En tanto, para los casos en los que la víctima no tenía un empleo remunerado, el cálculo se realizará considerando los gastos asociados a las labores de cuidado, alimentación, atención y acompañamiento que la persona aportaba dentro del núcleo familiar.

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“Las labores del hogar también generan valor y sostienen familias, por eso deben ser reconocidas al momento de fijar la reparación del daño”, afirmó.

La propuesta establece que la pensión podrá extenderse hasta que las hijas, hijos o dependientes económicos alcancen la mayoría de edad o las condiciones que la autoridad judicial considere pertinentes en caso de que las víctimas sigan estudiando.

Además, la iniciativa contempla la adición del artículo 67 Bis a la Ley de Víctimas de la Ciudad de México para que las hijas e hijos sean reconocidos como víctimas indirectas y puedan acceder a apoyos económicos mensuales por parte del Estado mientras se desarrolla el proceso judicial.

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