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Entre protestas, Rafael Guerra Álvarez toma protesta como presidente del Poder Judicial de CDMX

El magistrado presidente del Poder Judicial capitalino fue reelecto en el cargo para el periodo 2022-2025; atraviesa una compleja situación por adeudo de pago a trabajadores sindicalizados

Entre protestas, Rafael Guerra Álvarez toma protesta como presidente del Poder Judicial de CDMX
Foto: @MagRafaelGuerra
Metrópoli 10/01/2022 15:58 David Fuentes Actualizada 15:58
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En medio de una serie de protestas de trabajadores y sindicalizados que exigen los pagos atrasados, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), Rafael Guerra Álvarez, tomo protesta para permanecer el frente del órgano jurisdiccional por otros tres años más.

Ante el pleno de magistrados, y con la presencia virtual de los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, Claudia Sheinbaum, y Héctor Díaz, respectivamente, aseguró que al final de su administración el órgano judicial estará adaptado a la era de la información.

Su gestión, planteó, mantendrá el trabajo de promoción de la igualdad sustantiva, de independencia económica y a favor del goce de una vida libre de violencia de las mujeres.
 

Al asumir la Presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) para el periodo 2022-2025, el magistrado Rafael Guerra Álvarez aseguró que al final de su administración el órgano judicial estará completamente adaptado a la era de la información, con la consolidación de una justicia electrónica capaz de generar una sinergia en favor de la transparencia, la comunicación y la celeridad, en beneficio de la ciudadanía

Luego de rendir la protesta del cargo ante el pleno de magistrados, enfatizó que mantendrá el trabajo de promoción e igualdad sustantiva, de independencia económica y a favor del goce de una vida libre de violencia para las mujeres, y subrayó el propósito de gestionar la asignación de un porcentaje efectivo del presupuesto de la Ciudad de México al PJCDMX, a fin de avanzar en la causa de una independencia presupuestal efectiva para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos por parte del Estado mexicano.

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ardm 

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