A seis semanas del accidente en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro donde cayeron dos vagones y que provocó la muerte de 26 personas, familiares de las víctimas denuncian presión y acoso por parte del Gobierno capitalino para que firmen diversos documentos, entre ellos, la indemnización de 650 mil pesos por cada fallecido.
Aunque algunas de las familias ya aceptaron el pago —pues no quieren saber nada más del tema— otras, al menos 14, cuestionan los métodos del Gobierno de la Ciudad, siguen esperando justicia y, ante el retraso en las investigaciones y peritajes, no descartan seguir con el proceso legal en tribunales internacionales, donde esperan que se castiguen a las firmas que construyeron la Línea Dorada, y de manera local confían en que algún funcionario sea responsable.
Los afectados dicen estar sorprendidos de que todos los trámites y acercamientos que han tenido es con personal del Gobierno capitalino y nadie del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha sostenido un diálogo con ellos. Reclaman que la directora del organismo, Florencia Serranía, no les ha dado las condolencias o se ha disculpado por lo sucedido.
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“Nos traen chingue y chingue con que ya firmemos la indemnización para que nos den los 600 mil pesos, pero nosotros no queremos eso, no buscamos dinero porque no hay cantidad que nos regrese a nuestros seres queridos. Vamos a seguir buscando justicia, eso es lo que en realidad queremos, al menos que muestren interés en resolver las cosas, en que nos digan qué pasó, si hay un responsable y que le garanticen a todos que nunca más va a pasar un accidente igual.
“Todo el trato y los acercamientos son con el Gobierno, no sé de qué privilegios goza la señora Serranía. ¿Tú crees que se ha dignado a preguntarnos cómo estamos, en qué nos puede ayudar, si se nos ofrece algo o por lo menos una disculpa o algo que nos dé a entender que le importamos? Para ella no existimos y ese es nuestro coraje e impotencia”, manifiesta una de las familias bajo el anonimato para evitar represalias.
Para la familia de Nancy —joven que murió el 3 de mayo, día del accidente— y su hermana Tania, quien sigue hospitalizada, la situación es similar.
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Sus padres temen que si firman y de inmediato les dan la indemnización, el gobierno local se deslinde de cualquier responsabilidad y se olviden de Tania, de 15 años, quien requiere pastillas coagulantes que cuestan 3 mil pesos y parches especiales de 9 mil pesos que usa tres veces por semana.
“Mi hermana no quiere firmar, no ha firmado aún nada. La cosa es que si recibe ese dinero, cree que ya no se van a responsabilizar de su otra hija y eso no es justo. Tania todavía está sufriendo, ocupa mucha atención y todo eso es muy caro, y no se vale que se quieran deslindar pagando la indemnización, el Gobierno sí ha ayudado, de hecho cuando dejó el hospital estuvo en un departamento cerca que ellos pagaron, pero hoy [martes] volvió a entrar al hospital y necesita otra operación”, explica Vicenta, tía de las víctimas y quien ayuda a su hermana Bernarda con los trámites.
“A ellos no les importa, la semana pasada la mandaron a un hospital por Periférico a terapia, pero las trataron bien mal, las dejaron varios días sin atención y eso que llegaron recomendados por la gente de Sheinbaum y que todavía está vigente la tragedia”, añade.
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