Dan amnistía a 510 jóvenes arrestados arbitrariamente

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, ofreció una disculpa pública a 510 jóvenes que fueron detenidos y acusados arbitrariamente por las autoridades durante diversas manifestaciones, lo anterior en el marco de la publicación de la llamada Ley Amnistía.

En la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el mandatario local dijo que acudió al organismo a “dar la cara” ante las personas que fueron reprimidas.

“Yo creo que no hay un espacio más público que este delante de ustedes, de los medios de comunicación, de todas las autoridades para decirles en representación y como titular del Gobierno de la Ciudad: ofrecemos una muy sentida, sincera disculpa pública hacia todas y hacia todos ustedes.

“Y lo hacemos en el sentido de que hay hechos que no se pueden olvidar; hay heridas que tardan mucho en sanar; hay esquemas que no se pueden superar si no es con este reconocimiento, con la plena disposición y voluntad de estar con ustedes yo como jefe de Gobierno y todo el equipo de trabajo que está conmigo”.

Ayer por la tarde, José Ramón Amieva publicó un decreto de ley que extingue la Pretensión Punitiva y la Potestad de Ejecutar Penas y Medidas de Seguridad contra todas aquellos ciudadanos a quienes se imputaron delitos durante manifestaciones en la Ciudad entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015.

El decreto —que entra en vigor hoy—, incluye la creación de un programa de becas y apoyos a la reinserción social, estudios o trabajo, para los ex detenidos y procesados, y en el caso de aquellos que fallecieron, para sus familiares.

En la Sala Digna Ochoa de la comisión, el jefe de Gobierno afirmó que el decreto no sólo extingue la pretensión punitiva, sino que reconoce las fallas que se tuvieron en el momento de la detención y procesamiento de los jóvenes.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, informó que la Ciudad es el principal punto de manifestaciones del país, en donde se atienden, en promedio, nueve al día, lo que implica el acompañamiento de las autoridades para garantizar la protección de derechos no sólo de manifestantes, sino de las personas que habitan y transitan en la entidad.