Buscan incluir en Registro de Agresores Sexuales a foráneos y extranjeros

El gobierno de la Ciudad de México apuesta porque en el Registro Público de Agresores Sexuales , que propuso crear al Congreso capitalino, se puedan incluir de aquellas personas que haya cometido un delito sexual y hayan sido sentenciados en otras entidades federativas o en el extranjero.

De acuerdo con la iniciativa, que ya fue turnada a comisiones para su análisis, se otorgaría la facultad a la Secretaría de Gobierno de firmar los convenios correspondientes para lograr este cometido.

Se define al Registro Público de Agresores Sexuales como un sistema de información de carácter administrativo y público, relativo a la identificación de aquellas personas condenadas con sentencia firme por cualquier delito de naturaleza sexual. La finalidad, establece el artículo 1, prevenir este tipo de delitos y desincentivar su comisión.

El artículo 5 refiere los datos que contendrá dicho registro, en caso de aprobarse, sobre las personas con sentencia firme: fotografía actual, nombre, edad, alias, nacionalidad y delito o delitos sexuales por los que fue condenado. Estará en un portal institucional en la Secretaría de Gobierno y se replicará en el de la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía General de Justicia.

También habrá información a la cual accederán solamente las personas titulares del Ministerio Público y aquellas autorizadas por autoridades judiciales como: señas particulares, ficha signaléctica, breve descripción del o los delitos por los cuales fue sentenciado, otros delitos por los que haya sido sentenciado y perfil genético. “En ningún caso se registrarán los datos de las víctimas”.

En el artículo 8, se propone que cuando el agresor sexual sea menor de edad al momento de la sanción impuesta cometida por el delito sexual, sus datos en el Registro no serán publicados hasta que alcance la mayoría de edad.

La iniciativa establece la posibilidad de rectificar, cancelar u oponer los datos que estarían ahí registrados.

Habrá sanciones administrativas, civiles o penales, para los servidores públicos que usen indebidamente la información o alteren, oculten o destruyan la información contenida en el sitio.

cg