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La Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México aprobó que los violentadores de mujeres y los deudores alimentarios no puedan ser candidatos a un puesto de elección popular.
Este dictamen, que se prevé sea presentado ante el pleno esta semana, establece que un requisito para ser candidato es no haber sido sentenciado por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo sicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Tampoco podrán ser registrados quienes estén en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, al que se refieren los artículos 35 y 323 del Código Civil para la Ciudad de México o en el Registro de Personas Agresoras Sexuales.
Al respecto, el presidente de la comisión, Temístocles Villanueva, dijo que el objetivo de estas reformas es evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a cargos de elección popular, con ello se busca que los aspirantes a una candidatura independiente no hayan incurrido en situaciones de violencia de género ni familiar.
El dictamen contó con la opinión favorable de la Comisión de Igualdad de Género. La diputada Gabriela Quiroga (PRD) dijo que lo apoyará en el pleno.
