Santa Lucía del Camino, Oax

.- El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , Álvaro Vizcaíno Zamora aseguró que la implementación y consolidación del nuevo sistema de justicia penal en México ha costado hasta el momento más de 21 mil millones de pesos.

Durante la inauguración del primer Congreso Nacional de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia realizado en el Centro de Convenciones de Oaxaca , agregó que nueve de cada 10 pesos de esa inversión se aplicaron en e l gobierno del Presidente de la República Enrique Peña Nieto.

La reforma al nuevo sistema de justicia penal entró en vigor en el año 2008, pero aceptó que hubo “retrasos” en la creación de algunas leyes para consolidarlo como las referentes a procedimientos alternativos para la solución de conflictos penales.

También reconoció que muchos presuntos delincuentes o personas que cometen actos ilícitos quedan en libertad porque siguen sin estar firmes las unidades de medidas cautelares, responsables de informar a los ministerios públicos, fiscalías y jueces, la viabilidad o no de dejar en libertad a un persona, según el riesgo que se corra, aun cuando el delito no esté dentro del catálogo de aquellos que merecen prisión preventiva.

Hasta ahora, dijo que hay una propuesta de aumentar el catálogo de delitos en los que sea obligatoria la prisión preventiva como en casos de portación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y el robo de combustibles.

Esto, sin embargo, afirmó que sólo es una solución a corto plazo. “La solución es consolidar las unidades de medidas cautelares”, sostuvo.

Oaxaca, estancado

Por su parte, Rubén Vasconcelos Méndez, titular de la Fiscalía General de Oaxaca, reconoció que el nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado se estancó pese a ser pionero en su implementación hace 11 años.

Según el funcionario, el estancamiento se debió a falta de “voluntad política” de otros gobiernos, no del actual.

Oaxaca es sede este jueves y viernes del primer Congreso Nacional de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias , que reúne a funcionarios federales y representantes de las entidades del país.

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