"Sélvame del Tren" pide a Olga Sánchez Cordero, una audiencia en parlamento abierto por reformas a Ley de Amparo

El colectivo de Quintana Roo “Sélvame del Tren” solicitó una audiencia a la senadora, Olga Sánchez Cordero, luego de que ayer en las comisiones, se aprobó en el Senado de la República, una iniciativa para reformar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, que de votarse a favor en el pleno, implicaría un retroceso en materia del reconocimiento y garantía de los derechos humanos y del principio de progresividad establecido en la Constitución de México.

La audiencia solicitada a Sánchez Cordero es para efectos de manifestarle la gravedad de aprobar dicho dictamen, y que previo a la votación correspondiente, se lleve a cabo un parlamento abierto a fin de escuchar a especialistas en la materia, colectivos y víctimas, pues la iniciativa desprotege a la ciudadanía.

El avance de esta iniciativa en Comisiones de la Cámara Alta encendió un enorme foco rojo entre la sociedad civil de Quintana Roo, ya que cuentan con una larga e importante tradición en materia de promoción de juicios de amparo que han logrado frenar, mediante suspensiones provisionales, definitivas y llegada la sentencia, proyectos que atentan contra el medioambiente, teniendo importantes precedentes jurídicos.

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Uno de los casos más emblemáticos fue el de Malecón Tajamar, en Cancún, cuya sentencia frenó el desarrollo comercial, hotelero y condominal planteado en el polígono, debido a que se acreditó que la autorización de impacto ambiental se otorgó con base en información falsa e insuficiente, además de la violación algunas de las condicionantes establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Los actos reclamados tienen que ver con la devastación de la selva, la autorización de impacto ambiental. Foto: Adriana Varillas - EL UNIVERSAL

Integrantes de “Sélvame del Tren” y algunos ciudadanos de Quintana Roo, han interpuesto diversos amparos con motivo del Tren Maya

Los actos reclamados tienen que ver con la devastación de la selva, la autorización de impacto ambiental que la Secretaría concedió para el megaproyecto del Tren Maya, de forma extemporánea y sin estudios que permitieran una adecuada evaluación; también por la carencia de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y por los impactos generados de obras no autorizadas, como la introducción de pilotes y rellenos, entre otros.

Aunque el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, Yucatán, ha concedido suspensiones provisionales o definitivas, el gobierno federal ha incurrido en desacato.

En la actualidad, las obras siguen en el Tramo 5 Sur, pese a la instrucción del juzgado de pararlas mientras se entreguen una serie de estudios que debieron realizarse y no se han exhibido.

Los litigios y el trabajo de documentación fotográfica, videográfica y legal hecha sobre las obras en ese tramo, han implicado demoras para el gobierno federal, en torno al avance de los trabajos.

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En ese contexto y ante las reiteradas quejas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, acerca del uso de los amparos por parte de quienes asume como “enemigos”, “adversarios” y “pseudoambientalistas” contrarios a su régimen, fue presentada la iniciativa para reformar la Ley de Amparo y vulnerar la figura de la medida cautelar, conocida como “suspensión del acto reclamado”.

La reforma pretende añadir un tercer párrafo que acote que juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. Lo anterior significa que la suspensión que conceda un juez, bajo estos supuestos, solo aplicará para el demandante.

Para “Sélvame del Tren”, movimiento conformado por científicos, académicos, activistas y organizaciones de la sociedad civil, que ha dado seguimiento al megaproyecto Tren Maya, las reformas aprobadas en Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, son inconstitucionales.

“La figura de la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto, frente a normas generales, pretende mantener en el estado en que se encuentran los justiciables, a fin de evitar la violación a derechos humanos, o bien, evitar que se sigan perpetuando y manteniendo así el acto reclamado.

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En el caso de normas generales, no podemos perder de vista que ha habido muchos intentos por los que se ha condenado a este poder como autoridad responsable, junto con el Congreso del estado (Quintana Roo) por omitir reglas formales y materiales del procedimiento legislativo, además de que se vulnerará el derecho de acceso a la justicia de mexicanas y mexicanos y a la garantía judicial de tener un recurso efectivo para proteger sus derechos”, manifestó el colectivo.

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