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La Secretaría de Gobernación anunció que ha pedido el gobierno de Chiapas, aplicar medidas precautorias en tres comunidades y la cabecera municipal de Tila, donde el grupo paramilitar "Los autónomos" pretenden raptar a gente, en venganza por el asesinato del comisariado ejidal José Pérez Martínez.
El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa dio a conocer que giró oficio a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, para pedirle que aplique medidas precautorias en las comunidades de Cantioc, Unión Juárez, Misijá y cabecera municipal de Tila, ante la amenaza de Los autónomos, que han dicho que entrarán “casa por casa”, en busca de los homicidas de Pérez Martínez.
En el oficio número UDDH/CIAC/0367/2025, la Subsecretaría responde al Comité Digna Ochoa, que ha pedido al gobierno de Chiapas, aplicar las medidas precautorias. “Me permito informarles que se ha remitido comunicación oficial al Gobierno del Estado de Chiapas, a fin de conocer la situación planteada y expresar la disposición de esta Unidad para colaborar en la atención a la problemática”, suscribe Laura Medrano Navarro, directora de la Subsecretaría.
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Promete en la misiva fechada este 15 de septiembre: “Reiteramos nuestra disposición de mantener comunicación permanente con el Comité Digna Ochoa, con el objetivo de dar puntal seguimiento al asunto”.
El sábado 13, habitantes de Tila alertaron que Los autónomos preparaban ofensiva en tres comunidades y la cabecera municipal, para detener a ejidatarios, para “desaparecerlos o asesinarlos” en venganza por la muerte del comisariado ejidal.
El miércoles 10 de septiembre, Pérez Martínez fue emboscado en una vereda que conduce a la comunidad Río Grande, después de participar en una reunión con indígenas choles del municipio de Tila, que por años ha estado sumido en una ola de violencia por la disputa del control del municipio.
El julio del 2024, Los autónomos lanzaron una ofensiva contra ejidatarios que viven en la cabecera municipal, con la quema de casas y negocios, destrucción de vehículos, el rapto y asesinato de varias personas.
La ola de violencia provocó que entre 3 a 7 mil personas de la cabecera municipal y de comunidades dejaran sus hogares para buscar refugio en el municipio de Yajalón.
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