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Tijuana.— Sin confirmar si se trató de un hackeo o una amenaza interna, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California fue víctima de robo. Un desconocido extrajo y liberó la base de datos de cientos de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AIE) en foros cibernéticos a los que tienen acceso, entre otros, miembros del crimen organizado.
El 28 de diciembre pasado el usuario identificado como Straightonumberone publicó en un foro digital el siguiente mensaje: “Hola, hoy compartiré la base de datos que contiene una lista completa de agentes que son parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California”. En total son mil 304 registros.
La información incluye la Clave Única de Identificación Policial (CUIP), nombre completo, cargo, correo electrónico y municipio o ciudad. Pero no sólo fue liberada esta información, en dicha publicación también lanzan una amenaza de revelar más información confidencial el próximo martes 13 de enero.
EL UNIVERSAL entrevistó a un ingeniero en ciberseguridad que prefirió no ser identificado. Trabajó como asesor para instituciones de gobierno incluidas dependencias de seguridad y empresas privadas internacionales.
“En el caso específico de la fiscalía hay un riesgo más grave por el narcotráfico, a ellos les puede servir para saber qué están haciendo, quiénes son, quién investiga; el problema es más crítico que con un civil. Si identifican a dichas personas que están involucradas en alguna investigación en específico podrían pasar a secuestros, amenazas o hasta que los llegan a matar”, mencionó.
En este robo a la fiscalía se identifica que la información fue liberada en un foro VIP, es decir, donde se debe pagar para poder tener acceso, que además dicha liberación ocurrió desde finales de diciembre pasado sin que autoridades locales hubieran advertido sobre la filtración de los datos de sus agentes.
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Tras una petición de información hecha por El Gran Diario de México, la Fiscalía General del Estado descartó que se tratara de un ataque cibernético o un hackeo, en cambio aseguró que se trata de una filtración que no fue autorizada sobre la puesta en venta de la base de datos. La institución decidió no hacer comentarios al respecto.
La “información que fue revelada son datos públicos que se pueden obtener mediante solicitudes de transparencia, por lo que no representan una vulnerabilidad mayor”, se respondió de manera extraoficial.
Sin embargo, el ingeniero en ciberseguridad explicó que no sólo se trata de la filtración de esos datos, sino de quiénes tienen acceso a ellos y la posibilidad de cruzar esa información con otras bases de datos que también han sido liberadas en los últimos meses. Dicha información pertenece a otras instituciones de gobierno o incluso a empresas.
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“Imagínate si usas, por ejemplo, el correo de uno de los agentes, sus correos personales están registrados en otras bases de datos más delicadas, por ejemplo el SAT, redes sociales, cuentas bancarias, entonces en realidad un solo dato de esa base cruzada con otras te puede dar información muy precisa sobre elementos de seguridad”, advirtió.
En diciembre pasado la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que inició una serie de investigaciones luego de que fuera detectado vulneración en diversas bases de datos de instituciones.
Ese mismo mes, el gobierno presentó el Plan Nacional de Ciberseguridad, en el cual se informó que México cuenta con un CSIRT (Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas) nacional (CERT-MX) y CSIRT sectoriales como Sedena-CSIRT y CSIRT-Semar, miembros de CSIRT Américas. A estas instancias se suma la Dirección General de Ciberseguridad de la ATDT.
“A partir de la identificación de estas cuatro entidades federales se realizó un ejercicio de mapeo de otros sectores que cuentan con centros de respuesta a incidentes informáticos, obteniéndose un total de 68 centros en México, de ellos, 26 forman parte del Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes y Seguridad (FIRST, por sus siglas en inglés), incluyendo los tres gubernamentales federales”.
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