El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que revisará los casos de niños hijos de madres víctimas de feminicidio que quedaron sin apoyo económico en Oaxaca, tras la eliminación del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, que era empleado en la entidad para darles atención.
“Vamos a ver en qué consiste ese programa, quién lo aplicaba y por qué se quedó sin fondos, y vamos a revisarlo”, expuso el mandatario en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Esto luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer ayer la desaparición de este programa federal empleado en Oaxaca para tal fin, y que el gobierno estatal busca la manera de continuar con el apoyo para 119 niños en orfandad, víctimas indirectas de violencia feminicida, según Ana Vásquez Colmenares, titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO).
Por su parte, la coordinadora nacional para las Becas del Bienestar, Leticia Ánimas, reconoció la cancelación del programa, pero aseguró que el gobierno federal sí entrega recursos a niños de Oaxaca y de todo el país en esta condición.
La funcionaria expuso que sólo para Oaxaca se han entregado 138 becas de educación básica para hijos de víctimas de feminicidios; tres por desaparición forzada y 296 por concepto “indefinido”.
Sin mecanismos específicos. Angélica Ayala Ortiz, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GES Mujer), lamentó que no existan mecanismos específicos para la atención de niños en orfandad por feminicidios, y que programas federales que se empleaban para apoyar a hijos de mujeres asesinadas por razones de género, puedan ser cancelados por austeridad.
Lo anterior, dijo, porque históricamente, en Oaxaca no ha existido un mecanismo específico para atender a las víctimas indirectas de feminicidio y hasta ahora las iniciativas para apoyar a las familias donde han surgido desde organismos de la sociedad civil.
“Además de la falta de sensibilidad para atender los casos por parte de los gobiernos, tendríamos que colocar la mirada en las víctimas indirectas, que enfrentan una situación de vulnerabilidad”. Agregó que la falta de políticas públicas enfocadas a este tipo de población, es una violación a sus derechos humanos.
La activista precisó que cada feminicidio deja víctimas indirectas que además del dolor de la pérdida, enfrentan impunidad e indiferencia de las autoridades.
Por ello, resaltó, se debe exigir a las autoridades que implementen políticas para dar atención a la problemática y sobre todo trabajar en la prevención y en la impunidad. Según el organismo, en el año van 90 asesinatos de mujeres.
“El estado debería estar salvaguardando sus derechos, pero la falta de acción de los tres niveles, afecta a las víctimas indirectas. El gobierno federal debería estar implementando políticas y no lo ha hecho, y ante la desatención, deberían ser los estados quienes asumieran la responsabilidad”.
Luego que el Congreso de Oaxaca anunció recientemente la reforma al Artículo 22 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la que la entidad absorberá la responsabilidad de garantizar una vida plena a menores de edad en orfandad por feminicidios, Ayala Ortiz coincidió en que es fundamental que se tome en cuenta a esta población y se les garanticen sus derechos.