Fresnillo.— A 10 años de que nació el proyecto de la Presa Milpillas en Zacatecas —después de estar ensombrecido en tres administraciones estatales— esta megaobra ha sido retomada por el gobierno federal, incluso, figura dentro de los macroproyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico; sin embargo, resurgió el riesgo de que al realizarse también se reactive la pugna social y jurídica que existe en defensa del río Atenco.
Este proyecto navega bajo dos visiones opuestas: por un lado, las autoridades sostienen que es una gran alternativa que daría solución al abastecimiento de agua potable en la región centro de Zacatecas que se encuentra en una zona de veda y concentra a los municipios con el mayor porcentaje de población.
De acuerdo con la Programación Hídrica en los Acuíferos 2020, se determinó que de los 34 acuíferos que hay en la entidad, 21 presentaban déficit o estaban sobreexplotados, entre ellos, los de la región centro.
Bajo este argumento, los gobiernos estatales y, ahora, el federal, han sostenido la viabilidad de la construcción del Sistema Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl —colindante con Durango— que consiste en una presa y un acueducto de 167 kilómetros para conducir el agua potable hasta el corredor urbano Fresnillo-Zacatecas (región centro).
La visión negativa ha sido manifestada por un grupo de habitantes de Jiménez que conformaron el Movimiento en Defensa del Territorio y del río Atenco, quienes desde 2015 se han opuesto a esta obra, al asegurar que este proyecto “no resolverá la crisis hídrica en la región centro” y consideran que se busca “el acaparamiento privado del agua” para las grandes empresas.
Las pugnas entre ambas partes existen desde hace una década, incluso, en el sexenio federal anterior hubo la intención de adjudicarse este proyecto, pero en 2019 se desistió debido a que el entonces gobierno estatal de extracción priista no logró dar certeza jurídica al proyecto.
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Las autoridades estatales pasadas arrastran una serie de observaciones emitidas por la Auditoría Superior de Zacatecas, ya que al auditar el ejercicio fiscal 2016 se concluyó en un probable daño al erario público por más de 12 millones de pesos, debido a varias irregularidades en la contratación de una empresa que se encargaría de las negociaciones con los ejidatarios, a fin de adquirir la certeza jurídica de las tierras y realizar un supuesto “diagnóstico integral de los regímenes de propiedad privada, así como ejidal y/o comunal en zona de inundación del vaso donde se construirá la Presa Milpillas”.
En 2025, el actual gobierno federal decidió retomar formalmente esta obra, pero en septiembre pasado surgieron las primeras manifestaciones en Jiménez del Teúl y, en diciembre, los inconformes se declararon en pie de lucha.
El movimiento se presentó como un grupo más amplio, porque no sólo lo integran los representantes de los ejidos Atotonilco, Corrales, El Potrero y Estancia de Guadalupe, sino también especialistas y académicos vinculados a universidades, varios colectivos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
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Aseguran que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que publicó la Semarnat en septiembre de 2025 “no es nueva” y que es “el mismo proyecto promovido por los gobiernos priistas anteriores” con la misma documentación de 2015, “pese a que se había dicho que se destinaría una partida para realizar los estudios ambientales”.
Piden a la Presidenta que cancele definitivamente este proyecto y en su lugar se realicen otras acciones alternativas que aseguran son “más efectivas y holísticas para superar la crisis hídrica en la región centro de Zacatecas, de manera sostenible en los planos ecológico, social y económico”.
Proyecto presidencial
En 2024, el gobierno de Sheinbaum desempolvó el proyecto Milpillas y se integró en la plataforma Proyectos México con cuyo sistema se plantea “llevar agua al corredor Fresnillo-Zacatecas, mayor consumo de agua en beneficio de 514 mil habitantes, así como disminuir la sobreexplotación de acuíferos, específicamente por parte del sector público-urbano”.
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Se compone de una presa de 70 litros por segundo de capacidad de almacenamiento; un vaso, cortina, obra de desvío, obra de toma, desagüe de fondo y vertedor, y se estipula que es una obra pública tradicional en etapa de preinversión y preparación, pero no se especifican montos de inversión.
En marzo, el gobierno federal anunció que esta presa forma parte de 17 proyectos prioritarios hídricos en el país y el gobernador David Monreal informó que la Federación destinará una inversión de 8 mil 900 millones de pesos para la construcción de esta presa y que en 2025 se arrancaría el proyecto con una inversión de 350 millones de pesos.
Se ha mencionado que 6 mil millones de pesos son para el acueducto y 2 mil 800 para la presa que busca abastecer durante 50 años de agua potable a la población de siete municipios: Fresnillo, Enrique Estrada, Calera, Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han dado a conocer el avance de la aplicación de los recursos federales, ni los avances de las negociaciones con los inconformes.
Sólo existe el reporte que realizaron los integrantes del movimiento en junio pasado, cuando revelaron que el gobernador acudió al municipio en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, acompañado por policías estatales, para participar en una asamblea, pero el grupo de ejidatarios que rechazan la obra se manifestaron y el mandatario abandonó el lugar sin llegar a ningún acuerdo.
Las declaraciones de las autoridades estatales versan en que mantienen la convicción del gobierno federal de “que nada se va a hacer por la fuerza”, pero confían en lograr acuerdos con los inconformes; sin embargo, han señalado que los manifestantes “son un grupo pequeño” y que “se debe evitar que actores externos quieran politizar y desinformar a la población”.
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Postura del movimiento
En diciembre pasado, el movimiento se declaró en pie de lucha y reafirman su rechazo al proyecto, al asegurar que “responde a una lógica orientada al acaparamiento privado del agua y al beneficio económico de empresas constructoras, mineras, cervecera, de la agroindustria y con poder, más que a la atención de necesidades comunitarias”.
Recalcan que el estudio MIA-2025 no es nuevo y no se han dado a conocer estudios técnicos actualizados, además de que hay “ausencia de justificación técnica y ecológica sólida”, porque sólo se reconoce que los acuíferos del centro de Zacatecas presentan un déficit de 262.4 millones de metros cúbicos por año, pero “el estudio no promete su recuperación, sino únicamente atender su abatimiento, sin cuantificar el supuesto beneficio”.
Señalan que hay desconocimiento del territorio y de la población afectada y falta de transparencia financiera, por ende, piden que sea revisado el análisis presentado a la Semarnat, basado en una investigación desarrollada por la Universidad Autónoma de Zacatecas que propone soluciones integrales con seis ejes estratégicos.
“Un ordenamiento y vigilancia del sistema de concesiones; agroecología y reconversión productiva hacia cultivos menos demandantes de agua; recarga de acuíferos y restauración de ecosistemas agrícolas; uso más eficiente del agua y aprovechamiento de fuentes alternativas; priorización del agua subterránea de mejor calidad para satisfacer necesidades humanas básicas, y la participación ciudadana y comunitaria en la gestión de los recursos hídricos”.
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