Estados

Proponen paquete de reformas contra deudores alimentarios

Las sanciones van de tres a cinco años de prisión y multas desde 100 a 400 UMA, dicen

Ramírez Bedolla envió las iniciativas a los integrantes del Poder Legislativo del estado para su estudio. Foto: Especial
26/02/2025 |00:47
Redacción El Universal
Periodista de EL UNIVERSALVer perfil

Morelia.— El gobierno del estado propone a los diputados locales castigos más severos contra los deudores alimentarios. Si no cumplen con sus obligaciones serán privados de su libertad y no podrán ocupar ningún cargo en los tres poderes del estado, los ayuntamientos ni tramitar concesiones, permisos y constancia de transporte.





Las penas y sanciones más severas se proponen en las iniciativas a las 13 leyes y dos códigos que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) envió a los integrantes del Poder Legislativo del estado para su estudio, análisis, discusión y aprobación.

En el paquete Ramírez Bedolla plantea sanciones en materia de obligaciones alimentarias para forzar a los deudores a cumplir con los requerimientos de comida, desarrollo físico, educativos y sicológicos de sus hijas e hijos.

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De acuerdo con la petición, todos aquellos deudores alimentarios que incumplan se harán acreedores a penas de tres a cinco años de prisión y multas de 100 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El mandatario especifica a los diputados locales que los deudores alimentarios no podrán ocupar cargos de servidores públicos en cualquiera de los tres poderes, en el ámbito estatal y municipal.

Asimismo, se prohíben tramitar o renovar concesiones de todo tipo, permisos y constancias de transporte, así como licencias de conducir.

Dijo que esta propuesta de reforma a las leyes y códigos es la más avanzada del país, la cual es el resultado de una conciencia civilizadora, ya que no se puede avanzar con principios machistas.

Explicó que, de ser aprobada la reforma, se van a fortalecer los mecanismos de exigibilidad al establecerse procedimientos más ágiles para requerir a quienes incumplan con las obligaciones alimentarias y sanciones más severas para quienes no cumplan con sus responsabilidades. Además de una mayor protección integral para la niñez con el que se garanticen los alimentos, atención médica, sicológica y educación, así como garantizar que ningún niño quede desprotegido.

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