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Cuernavaca, Mor.- Dos abogados cercanos al fiscal general Uriel Carmona Gándara presentaron ante el Congreso de Morelos denuncia de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y la solicitud de renuncia del comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros.
Los abogados Luis Ignacio Reyes Andraca Domit Ayub y Alexis Jair Velasco Alcocer esgrimen en su denuncia de juicio político la causal de omisión en tareas de seguridad pública y omiten cualquier señalamiento contra la procuración de justicia y su titular.
Reyes Andraca y Velasco Alcocer son identificados por sus compañeros de gremio como simpatizantes del fiscal morelense a quien han distinguido por su trabajo en procuración de justicia.
Son los mismos abogados que hace un mes acusaron a reporteros de parciales por preguntar sobre la responsabilidad del fiscal en el universo de la seguridad pública y procuración de justicia. El tema lo llevaron al Congreso de Morelos y ahí salió en su defensa la diputada del PT, Tania Rodríguez Ruiz, quien pronunció: “cuando maten a un periodista los voy a ver marchando en las calles molestos por lo que está pasando…”.
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Fue en ese encuentro cuando los abogados pidieron al Congreso de Morelos tomar acciones para detener la violencia, y anunciaron la presentación de un juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, por omisión.
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Entregan demanda
Reyes Andraca Domit Ayub y Velasco Alcocer se reunieron con el presidente de la Junta Política y de Gobierno, Alejandro Martínez Bermúdez y los diputados Marguis Zoraida del Rayo Salcedo y Julio César Solís Serrano y volverán el jueves al Congreso del estado para ratificar el procedimiento.
En un comunicado expresaron que la denuncia se presenta “por acción, omisión, contravención a la Constitución, a las leyes en materia de seguridad pública, desde lo federal hasta lo local, así como la inaplicación y ruptura de los planes, programas, proyectos, así como desvío y/o subejercicio de los presupuestos en materia de seguridad”.
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En su opinión el desempeño de los servidores públicos en cuestión “ha dado como resultado la ruptura al pacto no solo federal, sino a la Constitución local, generando graves afectaciones a la vida pública institucional del estado, así como a la paz y armonía de las y los morelenses”.
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