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Morelia.- Por vez primera en 10 años, Michoacán cerró el ejercicio fiscal del 2024 sin ninguna observación, por desvío de recursos o daño patrimonial en el manejo del gasto educativo, de acuerdo con el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) atribuyó este resultado al combate a la corrupción y a la depuración de la nómina magisterial, acciones que -dijo- han permitido también invertir más de 40 mil millones de pesos en infraestructura, sin contratar nuevos créditos.
Además las acciones han propiciado que se duplique los ingresos estatales sin más impuestos, pues pasaron de 4-8 a 8.6 por ciento lo que refleja la disciplina financiera, aseveró.
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El mandatario estatal michoacano expuso que durante el 2024, el estado de Michoacán registró cero observaciones en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, un contraste con años anteriores en los que se detectaron irregulares millonarias.
Y citó, a manera de ejemplo, que en el 2024 las observaciones alcanzaron 679 millones de pesos; posteriormente fueron de 28.8 millones de pesos en 2021; de 3.9 millones de pesos en 2022 y 2.6 millones de pesos en 2023.
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Uno de los principales problemas que se detectaron, al inició de su administración, fue que en el 2021 había un gran desorden en la nómina educativa, pues se pagaba a personas que no desempeñaban funciones docentes, mientras que maestros en activo enfrentaban retrasos en sus salarios.
“Era un desorden total, se pagaba a quien no trabajaba, a quien trabajaba no se le pagaba; nosotros lo que hicimos fue hacer a un lado el tema de la grilla sindical y enfocarnos en nuestra responsabilidad que era pagarles a los maestros puntualmente y no pagarles a los aviadores”, especificó el mandatario.
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Aseguró que entre los llamados “aviadores”, había incluso actores políticos y funcionarios públicos que figuraban en la nómina educativa sin cumplir labores en el sistema escolar.
Por ello, para corregir estas irregularidades se implementaron mecanismos de control como el pago de salarios, mediante tarjeta bancaria, la verificación de asistencia y el cruce permanente de información con la plantilla laboral del sector educativo.
A ello se sumó la creación de la Unidad de Atención a Órganos Fiscalizadores, que permitió atender simultáneamente diversas auditorías federales, agregó.
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Y precisó: "Las autoridades sostienen que estas medidas, aún con la resistencia de varios sectores, no solo mejoraron la transparencia en el manejo de recursos, sino que también permitieron estabilizar el pago a docentes y garantizar la continuidad de los ciclos escolares".
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