Hermosillo.- Al no haber delito que perseguir, tres trabajadores de Acuícola de México , acusados junto con 66 personas más de fraude, específicamente por la empresa Vimifos , fueron dejados en libertad.
El Poder Judicial de la Federación y el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco confirmaron que los jueces tapatíos que tomaron el caso no eran competentes para ver y resolver este asunto, como lo documentó EL UNIVERSAL.
Todo derivó de un proceso civil que Vimifos S.A de C.V. (empresa de la familia Bours) ganó en 2010 a Acuícola México y, cuando la primera compañía se encontraba en la etapa de remate de los bienes, el juicio se suspendió.

Lo anterior fue porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio preferencia sobre las propiedades a los trabajadores de Acuícola que debía a los empleados salarios caídos.
Tras no lograr su objetivo, Vimifos denunció a Acuícola y a los trabajadores por la vía penal en la que los acusó de fraude genérico en la Fiscalía de Sonora ; sin embargo, el Ministerio Público de Hermosillo determinó que no había elementos para consignarlos.
Al no prosperar su denuncia penal en Sonora, Vimifos interpuso una denuncia en la Fiscalía de Jalisco, a pesar de que legalmente no era su jurisdicción, con la ayuda de un Ministerio Público y de un Juez en materia penal.
Resultado de esta actuación, han sido detenidas hasta este momento cinco personas originarias del estado de Sonora y 61 más perseguidas con órdenes de aprehensión.
Resultado del daño colateral, otro ciudadano más, también de Sonora, perdió la vida, revelaron documentos y testimonios en poder de este diario.
En agosto del año pasado, la juez segundo de Distrito en Amparo en Materia Penal del estado de Jalisco, Fabiola Moreno Pérez, confirmó que hubo una serie de irregularidades en la detención de las personas de Hermosillo, a las que les fabricaron pruebas en su contra.
La Fiscalía Anticorrupción del estado de Jalisco sancionó con una suspensión a José Lino Morales Estrada, el agente del Ministerio Público de esa entidad ligado a las irregularidades.
, donde se analiza su responsabilidad en los actos de corrupción.
Los procesos contra los exservidores públicos fueron resultado de la investigación periodística de EL UNIVERSAL, publicada el 8 de agosto del 2018, donde evidencia las irregularidades de la Fiscalía General de Jalisco y del Juzgado Noveno de lo Penal.
Tras un recurso de revisión, la justicia federal y estatal confirmaron la incompetencia de los jueces en Jalisco.
Eso permitió que al regresarse el caso al Poder Judicial del estado de Sonora, éste confirmara que no había delito que perseguir.
El juez Segundo Penal de Primera Instancia en Sonora, Gustavo Enrique Llinas Soto declarara la libertad absolutoria a los 66 implicados.
De ese total, tres trabajadores de Acuícola, el dueño y su esposa estaban detenidos en Jalisco bajo las irregulares antes descritas, y el resto libres por amparo.
A pesar de que todas las instancias judiciales determinaron la inocencia de los acusados, el despacho legal de Vimifos, encabezado por el exabogado de la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán”, José Juan Soltero Meza, presentó una denuncia por el mismo delito, pero ahora en el sistema de oralidad.
Esta denuncia fue aceptada por el juez de control en Jalisco, Juan José Rodríguez Velarde, quien se declaró competente para resolver, aun cuando la ley indica que no se puede juzgar a una persona dos veces o más por el mismo delito.
Derivado de la serie de irregularidades, aún se encuentran detenidos Gustavo Adolfo Galaz Ruíz, dueño de Acuícola de México, y su esposa, Alejandra Torrecillas Burrola.
Debido a que en el juicio del sistema tradicional ya se documentó que no hay competencia de alguna instancia en Jalisco, Rodríguez Velarde también se encuentra en la lupa del Poder Judicial de esa entidad, por presuntos actos de corrupción.
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