Ingresan cuatro soldados a prisión militar

Los cuatro militares procesados en el fuero militar por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron ingresados ayer a la prisión del Campo Militar 1-A.

Los dos cabos y dos soldados arribaron vía aérea a las instalaciones militares, procedentes de Tamaulipas, donde, según fuentes castrenses, pasaron lista.

Agregaron que más elementos que participaron en los hechos registrados el domingo pasado en Nuevo Laredo están siendo investigados, por lo que no descartan más detenciones.

En paralelo, los cuatro militares acusados de asesinar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, son procesados por la Fiscalía de Justicia Militar (FJM) y por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de desobediencia (un delito militar) y homicidio en fuero civil.

A dos fueros

Los militares son los únicos sujetos al fuero de guerra y al fuero civil a partir de la reforma al Código de Justicia Militar de 2014, en la que se establece que los delitos y las violaciones a derechos humanos cometidos por personal castrense en contra de civiles son ahora competencia de la jurisdicción civil.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el abogado penalista Juan Velázquez Evers afirmó que lo ocurrido en Nuevo Laredo debe indagarse a fondo para determinar si hubo delitos militares y delitos civiles para que, en todo caso, se enjuicie y castigue a los elementos, y si no, salgan en libertad.

Velázquez Evers destacó que en el ámbito civil la impunidad en el combate a los delitos es de 97%, lo que significa que solamente tres de cada 100 se castigan, “mientras que en el mundo militar es de 5%, o sea que en el mundo civil casi nada se castiga y en el mundo militar 95% de las cosas se castigan”.

El abogado enfatizó que se tiene que llevar una investigación exhaustiva porque, dijo, ya es común que grupos civiles aliados con la delincuencia o siendo parte de la delincuencia organizada le imputen a los militares delitos de detenciones ilegales, torturas, uso excesivo de la fuerza, para entonces —alegando violaciones al debido proceso legal— conseguir impunidad.

En tanto, el abogado Julio Hernández Barros señaló que cuando un civil sea víctima de los militares, la investigación ministerial debe estar a cargo solamente de autoridades civiles, como la Fiscalía General de la República (FGR).

“La única excepción que puedo decir es que para su encarcelamiento deben estar a disposición de una prisión militar, por seguridad, pero fuera de eso se tendría que hacer una investigación ante una fiscalía civil”.

El defensor de derechos humanos refirió que el fuero militar se reserva solamente para aquellos delitos establecidos en el Código de Justicia Militar, cometidos por elementos del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina-Armada de México.

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