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El ex titular de la Auditoría Superior del estado de Oaxaca, Carlos Altamirano Toledo , ganó un amparo ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito tras ser destituido del cargo por lo que deberá ser indemnizado por el Congreso local con 10 meses de salario.
Sin embargo, el Poder Legislativo de la entidad aún no define la liquidación y en cambio valora acudir a las vías legales para no pagar.
Con base en el tabulador de salarios, registrado en la Secretaría de Finanzas, el ex auditor percibía un sueldo de 446 mil 112 pesos al año –sin bonos ni compensaciones– por lo que su indemnización correspondería de 371 mil 760 pesos, por los meses de noviembre de 2017 a agosto de 2018, al ser retirado del cargo antes de cumplir el plazo por el cual había sido electo.
Altamirano Toledo señaló que aunque no había sido notificado de la sentencia , considera que es lo que corresponde, aunque consideró que el Juez debió de haber otorgado la suspensión definitiva.
“Vamos a revisar la sentencia, todavía no he sido notificado, yo me enteré en las noticias pero nosotros vamos a seguir en el camino de la ley porque yo he sido denigrado por el Congreso y vamos a ver”, declaró.
En 2011, la 61 Legislatura nombró a Carlos Altamirano Toledo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por un periodo de siete años, que culminaba en agosto de 2018, pero en agosto de este año la 63 Legislatura aprobó el decreto de creación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado que sustituyó a la ASE.
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Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María de las Nieves García Fernández dijo que la indemnización que un juez acordó entregarle al ex auditor lo determinará la Jucopo, que representa la pluralidad en el Congreso, por lo que se tomará la decisión con apego a la legalidad y a la certeza jurídica.
“Nosotros podemos continuar el proceso legal, sin embargo, se platicará con los integrantes de la Junta, para saber si acatamos la resolución del juez y se le indemniza al ex auditor como lo solicitó”, puntualizó la diputada por el PRI.
Indicó que al parecer no existían todos los elementos para que el juez tomara una resolución diferente a la indemnización reclamada , dado que el órgano que presidió Carlos Altamirano dejó de existir, por lo tanto, no es factible cubrir sus honorarios dado que no se sustituye a la persona, sino que el órgano desapareció.
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