En sus gobiernos, Aguirre reprimió la lucha social

Chilpancingo.— A Ángel Aguirre Rivero el caso de una masacre lo encumbró, y el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa lo ha puesto en el penal de El Altiplano.

En 1996, Aguirre asumió la gubernatura tras la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, que obligó a renunciar a su jefe político y entonces mandatario estatal Rubén Figueroa Alcocer. Sin embargo, los tres años que gobernó también lo marcó la represión y la violencia en la entidad.

En 2010, el PRI le negó la candidatura a la gubernatura, y el PRD de inmediato se la entregó. Ganó con amplio margen la elección y en este segundo periodo la brutalidad contra la lucha social y la disidencia aumentó de manera desmedida: 15 dirigentes sociales, campesinos, ecologistas y estudiantes fueron asesinados; dos líderes ecologistas y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, además de cuatro promotores de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opuestas a la Presa La Parota (CECOP), Marco Suástegui Muñoz, encarcelados.

Durante su primer periodo, el 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco, en Ayutla, el Ejército abatió a 11 personas que sostenían una reunión en la que discutían sobre su autonomía y la división que se estaba dando dentro del movimiento guerrillero del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Ya durante su segunda etapa como gobernador, el 7 de diciembre de 2011, en Tecpan fueron detenidos por policías estatal, ministeriales, militares y presuntos integrantes de una organización criminal, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). Ambos siguen desaparecidos.

El 12 de diciembre de ese año, en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, policías federales, estatales, y ministeriales dispararon contra los normalistas de Ayotzinapa que protestaban por mejoras para su escuela. Sobre la carretera quedaron los cadáveres de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

“El gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia”, dijo el general del Ejército Ramón Miguel Arriola Ibarra, entonces subsecretario de Seguridad Pública estatal, al final de la represión.

El 28 de noviembre de 2012 fue asesinada la nueva dirigente de la OCESP, Juventina Villa Mojica, y su hijo Reynaldo Santana Villa, de 17 años, en la comunidad de La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán. Villa Mojica encabezó el desplazamiento de cientos de pobladores que eran atacados y acosados por las organizaciones criminales.

El 30 de mayo de 2013, un grupo armado desapareció al dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, junto a siete personas más, después de haber encabezado una protesta contra el alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez.

Tres días después fueron hallados los cadáveres de Hernández Cardona, de Ángel Román Ramírez y de Rafael Banderas Román. Por estos crímenes está preso Abarca. En esos momentos en Iguala todos sabían que Abarca había impuesto su ley en la ciudad con ayuda de Los Guerreros Unidos. Sin embargo, Aguirre no movió ningún dedo para detener la alianza criminal que estableció Abarca en Iguala.

La represión continuó, el 5 de agosto de 2013 en Coyuca de Benítez, dentro de un vehículo, fueron hallados los cadáveres del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velázquez Flores, y de Samuel Vargas Ramírez. Tenían huellas de tortura y el tiro de gracia.

El momento cumbre de la represión en el gobierno de Aguirre fue la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala: policías municipales, estatales, militares y presuntos criminales asesinaron a los normalistas de Ayotzinapa Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes y desaparecieron a 43 más. Esa noche fue, también, el quiebre en la carrera política del exgobernador.

Con Aguirre la represión no siempre significó asesinatos y desapariciones, también desmanteló todo intento de organización.

La CRAC-PC en sus primeros años logró vigorizarse como uno de los sistemas de seguridad y justicia comunitarios más sólidos de Guerrero. Aguirre la dividió empleando su mejor método: la entrega de dinero. Generó codicia y después rivalidades, pero no lo hizo solo, sus principales instrumentos fueron Bruno Plácido y Eliseo del Villar.

La posibilidad de que Bruno Plácido dirigiera la CRAC se redujo y la madrugada del 6 de enero de 2013 echó andar su propio grupo de autodefensa de la Upoeg. Días después del levantamiento, Aguirre acudió a los retenes y se fotografió con ellos. Los apoyó con armamento, uniformes y le dio permiso para que se expandieran en la región.

Después de eso, Guerrero se infestó de grupos de autodefensas que hasta hoy siguen controlando extensos territorios en alianza con organizaciones criminales.

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