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Cuernavaca, Mor.- Las bancadas parlamentarias de Morena y PT en el Congreso de Morelos presentaron iniciativas de reforma para combatir la violencia contra las mujeres en Morelos. Se trata de reformas para incrementar las penas por el delito de acoso sexual, tipificar de forma específica la violencia institucional, acompañada de la implementación del Violentómetro Institucional.
Además proponen establecer un plazo máximo de un año para la resolución de procesos penales relacionados con delitos de violencia de género, contado desde la denuncia o querella. Las iniciativas se inscriben en un contexto de violencia extrema contra la mujer; en este año van 104 mujeres asesinadas, aunque menos de la mitad son tipificadas como feminicidios.
Las propuestas corresponden a los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, en el que la diputada Melissa Montes de Oca Montoya, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, presentó ante el Pleno las iniciativas para incrementar las penas por el delito de acoso sexual, y la tipificación específica de la violencia institucional.
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En tribuna, destacó que actualmente el Código Penal estatal establece sanciones de seis meses a tres años de prisión, las cuales —señaló— resultan insuficientes y de difícil aplicación.
La propuesta legislativa plantea elevar las penas de tres a seis años de prisión; aumentar las multas de 500 a 1,000 días; incorporar agravantes cuando el delito sea cometido en espacios públicos o de transporte, por servidores públicos, docentes o empleadores, o cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, mujeres mayores, personas con discapacidad, o exista reincidencia.
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En su segunda iniciativa esta dirigida a la violencia institucional, ejercida desde estructuras del Estado mediante omisiones, negligencias, abusos de poder o tratos discriminatorios.
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La diputada propone incorporar un tipo penal específico de violencia institucional contra las mujeres en el Código Penal de Morelos; establecer sanciones como prisión, multas, suspensión, destitución e inhabilitación para servidoras y servidores públicos responsables; implementar el Violentómetro Institucional, una herramienta analítica de seis niveles que permite identificar, medir y clasificar actos de violencia cometidos desde instituciones gubernamentales.
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Por su parte, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz, coordinadora parlamentaria del PT, presentó iniciativa para disminuir la impunidad, fortalecer la confianza ciudadana y asegurar protección integral para las mujeres.
La legisladora explicó que la reforma busca garantizar justicia pronta, eficiente y con perspectiva de género, sin alterar el fondo del proceso penal, ya que actualmente más del 90% de los delitos de violencia de género en México quedan sin castigo y los pocos casos que avanzan pueden tardar entre tres y cinco años en resolverse.
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dmrr/cr
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