En la sesión ordinaria que concluyó a media noche de ayer, la 63 Legislatura aprobó el decreto de creación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, mismo que sustituye a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Con dicha norma, se cambiarían también al actual auditor, Carlos Altamirano Toledo , y a los dos subauditores, para elegir a los responsables del nuevo órgano.

Por otra parte, los diputados avalaron también cinco reformas y cuatro nuevas leyes secundarias de la Fiscalía Anticorrupción , y que forman parte del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción .

Se trata de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública , las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y Poder Judicial, donde se faculta al Instituto de Transparencia y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, por conducto de sus titulares, para que integren parte del Comité Coordinador de Combate a la Corrupción.

Se reforma también la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, donde se establecen figuras como el contralor interno municipal, comités de contraloría social y establecer la cuenta pública municipal.

Se creó la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa que regula el funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al ser este órgano el de sancionar las conductas de los hechos derivados de la corrupción.

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Otra legislación de nueva creación, es la Ley de Entrega Recepción, que permitirá la continuación del ejercicio gubernamental, la prestación eficiente de los servicios públicos y la entrega transparente del patrimonio y de los recursos públicos.

La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y de los Municipios de Oaxaca, la cual regirá las conductas de servidores públicos, donde establece un código de ética y las hipótesis en que pueden ser sancionados.

Se implanta la Declaración Tres de Tres que instituye a los servidores públicos a realizar sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de conflictos de intereses.

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Se creó una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, donde se precisa la fiscalización de la cuenta y entes públicos y su gestión financiera y el control y registro del patrimonio.

Los diputados legislaron de última hora, debido a que tenía como plazo el 30 de agosto para complementar las leyes relacionadas al combate a la corrupción.

sjno

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