Demandan un acceso digno a las playas

Santa María Huatulco.— Los 312 polines de madera sujetos con varillas, la mayoría en mal estado y desprendiéndose por la falta de mantenimiento, hacen de escalones incrustados en un pequeño cerro y son la única vía pública que visitantes y habitantes de Huatulco pueden utilizar para bajar a la paradisíaca playa El Tejoncito, acaparada por un club residencial.

Este no es el único espacio de playa cuyo acceso público es rústico y peligroso en todo el desarrollo residencial y hotelero más importante de Santa María Huatulco, que abarca las bahías Chahué, Tangolunda y Conejo.

Son más de 4 kilómetros de playa que sólo cuentan con caminos públicos acondicionados por desarrolladores y autoridades para asegurar que el acceso a las playas es “completamente libre”, pero que terminan por inhibir la presencia del turismo local por el mal estado en que están.

Prestadores de servicio, habitantes y pescadores de la zona esperan que, con el decreto presidencial publicado el 29 de septiembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo menos los caminos a las playas que siempre han estado acaparados por los particulares sean más “accesibles” y que los nuevos complejos hoteleros que están proyectados no cierren los accesos y dejen sólo los llamados “pasos de servidumbre”.

Demandan un acceso digno a las playas

Los caminos “libres”

El letrero para la playa El Tejoncito está al pie de un cerro que se sube y se baja en 40 minutos, a un costado del club privado Celeste Beach Residences & Spa, que se localiza dentro del conjunto residencial Conejos.

Para gozar de esta pequeña bahía escondida se tienen dos opciones: subir y bajar los 312 escalones del cerro o ser huésped del complejo diseñado por el afamado despacho HKS Arquitectos, a cambio de pagar 6 mil pesos al día, según se oferta en la web.

Sin embargo, antes de llegar a El Tejoncito está la playa pública de El Tejón. Ésta no tiene letrero alguno, pero antes se ubican dos hoteles cuyos guardias de seguridad indican a los visitantes que la única forma de acceder a estas playas es por el paso público de El Tejón, aunque en uno de los complejos, por un pase de mil 200 pesos por persona, se podría hacer uso de las instalaciones y tener el acceso a la playa.

Lo anterior, pese a que el decreto presidencial es claro al especificar que el acceso a las playas marítimas y la zona federal contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni tampoco condicionado.

Y en caso de que no existan vías públicas o accesos, los propietarios de terrenos colindantes deberán permitir el libre acceso con “pasos de servidumbre” que, para el efecto, convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con los propietarios, mediando la compensación.

De lo contrario, se sancionará con multas de entre 3 mil y hasta 12 mil veces el valor a los propietarios de terrenos colindantes.

Para entrar a El Tejón, el camino es estrecho y apenas marcado, imposible de recorrer para niños y ancianos. Se trata de una bajada donde la tierra y las piedras se encuentran sueltas.

Ricardo Pacheco, regidor de Turismo del ayuntamiento de Huatulco, asegura que nunca se ha discriminado a los habitantes en la utilización de las playas, porque en toda la franja hotelera hay caminos públicos, pero asegura que en algunas no se pueden mejorar los accesos por ser reservas naturales protegidas.

Defensa del camino público

Todos los días, Guadalupe Onofre y Jorge Silva colocan en una pequeña vereda a la orilla de la carretera que lleva al conglomerado de hoteles Secrets Huatulco Resort & Spa un letrero de cartulina de un color chillante con el nombre del lugar: bahía Conejo.

Este matrimonio posee una carpa donde venden cocos, cervezas y ceviches que se ubica exactamente al extremo izquierdo de la bahía, lejos de la vista del conglomerado hotelero.

Hace ocho años, esta pareja ofrecía servicio de alimentos en un restaurante rústico en el extremo derecho de la bahía, pero todo eso acabó cuando Fonatur vendió el polígono a Cemex y ésta cerró el camino con mallas, colocó guardias privados y los desalojó. Aunque resistieron, consideran injusta la política de Fonatur y por ello encuentran esperanza en el nuevo decreto.