Cuernavaca.- La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene dos líneas de investigación en relación al asesinato del secretario del , Alejandro Jiménez Ponciano, perpetrado el martes pasado. La primera versa sobre intereses políticos y económicos y la segunda revelaría la incursión de la delincuencia organizada en el municipio indígena de reciente creación.

Así lo confirmó el fiscal general Uriel Carmona Gándara y señaló que también analizan la posibilidad de que el asesinato se trate de un tema de delincuencia organizada que ha estado cerca de la región realizando actividades lícitas, pero no reveló el nombre del cártel que opera en esa zona para no obstaculizar el proceso de investigación.

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Previo a su comparecencia ante diputados locales, dijo que esa es la línea de investigación que sigue la Fiscalía y lo cual puede tener implicaciones de intereses políticos y económicos, ya que el municipio es de nueva creación donde hay derivaciones de intereses de grupos delincuenciales que pretenden tomar control sobre las actividades de ese municipio.

Carmona Gándara consideró como un hecho lamentable y afirmó que la Fiscalía General está haciendo su trabajo para llegar al fondo de este hecho ocurrido el martes en la tarde.

"Estamos preocupados pero los integrantes de la Mesa de Seguridad estamos trabajando juntos y hoy tuve una reunión vía telefónica con el Comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, compartiendo los primeros resultados de la investigación y la gente de Xoxocotla, cabildo y líderes del municipio se han estado cerca de las autoridades", refirió.

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El fiscal general indicó que hay un cúmulo de información en relación a este asesinato, pero es importante y necesario que las autoridades municipales se acerquen a denunciar con la Fiscalía del Estado o a través de las líneas de comunicación de la CES para que denuncien este fenómeno de violencia que se está registrando en algunos municipios en los cuales los delincuentes pretenden acercarse con las autoridades municipales.

Dijo que es un llamado para que los presidentes municipales tengan confianza en la Fiscalía y en el gobierno del Estado para que no haya impunidad.

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