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Congreso de Chiapas revisa eliminar escoltas a Velasco Coello y ex funcionarios

El ex gobernador podrá disponer de un equipo para su protección por 15 años. Sostienen que la policía tiene la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos, no la de ex servidores

(ARCHIVO. EL UNIVERSAL)
27/12/2018 |22:11Oscar Gutiérrez / Corresponsal |
Óscar Gutiérrez
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Tuxtla Gutiérrez, Chis.. – El Congreso de Chiapas recibió y turnó para su análisis la iniciativa para eliminar la protección policiaca pagada por el erario estatal a ex servidores públicos, como el ex gobernador Manuel Velasco Coello (2012-2018), informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Marcelo Toledo Cruz ( Morena).

El legislador aseguró que se revisará la iniciativa y “la aprobarán porque no puede haber privilegios para algunos”, y “era obvio que el decreto había sido hecho a modo: primero venía por un período de 10 años, luego lo modificaron y lo pusieron a 15 años”, aseveró.

La policía, sostuvo diputado morenista, tiene la función y obligación de cuidar y velar por la seguridad de los ciudadanos, “no la de ex funcionarios”, y es probable que el próximo domingo se apruebe la eliminación de proporcionar escoltas a ex servidores públicos, afirmó.

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De acuerdo con el decreto 223, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 12 de julio de 2017, Velasco Coello (PVEM), cuyo mandato concluyó el pasado 8 de diciembre podrá disponer de un equipo de seguridad policíaca para su protección personal, por 15 años, tras concluir administración “por los servicios prestados al Estado”.

La disposición beneficia en los mismos términos al ex Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar; mientras que para los titulares del Poder Judicial del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se fija que la protección será por un período igual al que dure su función como servidor público en el último cargo.

Mientras que el decreto 358 , publicado en el periódico oficial 195 del gobierno del estado, el 31 de octubre de 2009, durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012) establece que la protección al ex gobernador será por 10 años; al entonces Procurador General de Justicia del Estado, por cinco años.

Los ex titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Función Pública serán resguardados por un período igual al que dure su función como servidor público, en su último encargo.

Este jueves, de acuerdo el dictamen, ambos decretos son revisados para su probable derogación.

rmlgv

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