Con amparo, levantan resguardo domiciliario a reportero veracruzano Rafael León; juicio sigue su curso

Un juez federal otorgó un amparo al reportero de nota roja de Veracruz, Rafael León Segovia –actualmente bajo juicio por los presuntos delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública-, con lo cual se levantó la medida cautelar de resguardo domiciliario por un periodo de un año.

El comunicador, quien inicialmente había sido señalado por terrorismo, inmediatamente regresó a las calles a reportar hechos relacionados con la nota roja en el municipio de Coatzacoalcos y sus alrededores.

El propio comunicador informó a medios locales que su equipo de abogados tramitó un amparo en contra de la medida cautelar, el cual fue otorgado por un juez federal.

La resolución de la autoridad judicial tuvo efectos inmediatos, por lo que León Segovia salió a las calles a reportear, en tanto, su juicio sigue su curso.

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Fue el pasado 30 de diciembre cuando un Juez de Control vinculó a proceso judicial al reportero veracruzano por los presuntos delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, dejando fuera el ilícito de terrorismo que le había sido imputado.

En ese entonces, la autoridad judicial impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por un periodo de un año, tiempo en el cual se realizará la investigación complementaria de diversos hechos en los que se le pretende vincular a la delincuencia organizada.

Y es que el comunicador recibió mensajes de WhatsApp de presuntos integrantes de la delincuencia organizada donde se le notificaba de posibles hechos constitutivos de delito, por lo que las autoridades buscan finarle responsabilidad y presuntos vínculos con delincuentes.

Sin embargo, su defensa y organizaciones civiles de protección a la libertad de expresión argumentaron que los mensajes llegaron porque el periodista tenía vinculado su número a su fanpage y desconocía quien enviaba los enviaba.

La detención del comunicador ocurrió el pasado 24 de diciembre y generó protestas de organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de asociaciones de periodistas, quienes consideraron que la imputación del delito de terrorismo buscaba inhibir su ejercicio periodístico.

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afcl/LL