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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Comunidades y organizaciones de Puebla, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, afirmaron que gobiernos, empresas y el crimen organizado integran un grupo de poder para imponer megaproyectos y despojar territorios con impunidad en el sur sureste de México.
Una de esas expresiones de poder, destacaron, son los polos de desarrollo y el proyecto interoceánico de Oaxaca que han traído criminalización contra personas defensoras, militarización y fortalecimiento del crimen organizado.
En Chiapas, subrayaron, los proyectos mineros pretenden abarcar más de 85 mil hectáreas del territorio zoque, con daños ambientales y sociales.
Las denuncias fueron presentadas en un pronunciamiento difundido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba), posterior a un encuentro de dos días realizado en San Cristóbal de las Casas.
La reunión fue para compartir sus luchas, "dolores" y para profundizar en las estrategias de defensa territorial de la región sur sureste que fortalezcan acciones conjuntas frente a los mecanismos de despojo que provocan "sufrimiento y muerte”.
Los asistentes ratificaron que los dos pilares que sostienen su vida comunitaria, autonomía y resistencia, son el territorio y la organización colectiva. Desde ellos seguirán caminando, al lado de los pueblos, de donde toman dirección y fuerza, afirmaron.
La reunión en la que participaron fue para sus comunidades una fuente de esperanza y fortaleza frente a la imposición de megaproyectos.
Los Pueblos originarios y campesinos, que históricamente han protegido y cuidado el territorio, agregaron, se sostienen en sus formas propias de organización política herencia ancestral para el cuidado de la vida y la madre tierra.
Existe una continuidad histórica del despojo de los territorios de sus pueblos, desde la colonización hasta la imposición actual de los polos de desarrollo implementados por los gobiernos en complicidad con empresas y crimen organizado, se expuso.
Señalaron que, no obstante las agresiones, la violencia y el despojo que han padecido por décadas, los grandes capitales, el crimen organizado y los gobiernos no han logrado doblegar a los pueblos.
Y que con la organización comunitaria han detenido megaproyectos, desalojos y actos de violencia.
La defensa de sus territorios ha tenido costos muy altos, como el asesinato de compañeros, hombres y mujeres, comprometidos con la justicia social, que además han sufrido desapariciones, amenazas y agresiones.
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"La maquinaria de la represión sigue operando en los gobiernos sean del color que sean”, denunciaron los participantes en el encuentro.
Mediante programas sociales y asistenciales, enfatizaron, el gobierno federal ha debilitado la organización comunitaria construida durante décadas, así como ha tratado de cooptar sus asambleas y líderes comunitarios.
La cuarta transformación, añadieron, ha demostrado que es una continuidad "para el saqueo" de los territorios. No se cancelaron concesiones mineras ni megaproyectos extractivos, al contrario, se han profundizado para favorecer a los grandes capitales.
El modelo de desarrollo impuesto, consignaron, nada más ha generado dependencia, erosión cultural y de identidad, así como desigualdad y devastación ambiental.
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