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Arantepacua, Michoacán. - La comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, urgió la captura y el enjuiciamiento del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como al entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez y 14 policías estatales más, responsables de la irrupción y masacre ocurrida el 5 de abril del 2017.
El pasado viernes, un juez de control concedió a la Fiscalía de Michoacán, las órdenes de aprehensión en contra de Aureoles Conejo, Corona Martínez y los 14 oficiales de la SSP, por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.
Los mandatos judiciales están relacionados a la presunta responsabilidad del exmandatario, su secretario de SP y los policías, en el asesinato a sangre fría de cuatro habitantes de la comunidad indígena de Arantepacua y al menos 12 pobladores más.
Este domingo, el Concejo indígena señaló que, a 9 años de la masacre, cometida en esa comunidad, pidieron llevar ante la justicia al exgobernador, Silvano Aureoles y demás responsables.
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“Desde el Concejo Comunal de Arantepacua, hacemos un llamado urgente a las autoridades, a ejecutar con diligencia, dichas órdenes de aprehensión y garantizar que los responsables sean detenidos y llevados ante la justicia”.
El Concejo, destacó, que esas órdenes de aprehensión son resultado directo de su lucha sostenida, para romper un entramado de encubrimiento, dilatamiento y corrupción institucional que, durante años, intentó impedir la justicia, a través del otrora fiscal del estado, Adrián López Solís, gente cercana y secretario de Gobierno de la administración de Aureoles.
“Reconocemos la gran labor de nuestra asesoría legal. Durante estos años, hemos sostenido un proceso organizativo, político y jurídico, que implica la compilación de pruebas y manifestaciones constantes en Michoacán y en la Ciudad de México y el fortalecimiento de nuestro sentido comunitario para sostener la exigencia”, expuso el órgano supremo de autogobierno de Arantepacua.
En su pronunciamiento público, el Concejo sostuvo que es indispensable remarcar la memoria, que desde el primer día la comunidad de Arantepacua, enfrentó, no solo la corrupción del estado, sino también la negativa a investigarse el hecho.
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“La entonces Fiscalía del estado, que fue encabezada durante años por Adrián López Solìs, operó como un obstáculo sistemático para la verdad y la justicia. Recordamos que a lo largo de estos años se retrasaron diligencias claves, se intentó desviar líneas de investigación, se buscó presionar a las víctimas para desistirse y se reprimió al pueblo organizado”, denunciaron, los integrantes del Concejo Comunal.
Expusieron, que, a pesar de ello, su comunidad no se replegó y logró este avance judicial, fruto de su lucha colectiva.
Los representantes de la comunidad enfatizaron que, aunque las órdenes de aprehensión no son justicia, sí son el inicio de una etapa, en la que el Estado, está obligado a demostrar si está dispuesto a romper con la impunidad que construyó.
Recordaron, que, como es de conocimiento público, en la recomendación 32/20/2020, se establece que, en el hecho del 17 de abril del 2017, la actuación del Estado dejó un saldo de cuatro ejecuciones extrajudiciales, incluida la de un menor de edad; 10 casos de tortura; 38 víctimas de tratos crueles; 48 detenciones arbitrarias; decenas de allanamientos y, más de mil víctimas indirectas.
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“Frente a la gravedad de estos hechos, instamos a las autoridades de justicia, a que hagan efectivas las detenciones de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán y quien dio la orden de cometer la masacre; mientras que Juan Bernardo Corona Martínez, en aquél entonces secretario de Seguridad Pública estatal, la institución que cometió las atrocidades. Así como ellos, hay otros políticos y funcionario que participaron y todos, deben ser buscados exhaustivamente, detenidos y llevados ante la justicia”, exigieron.
Subrayaron que estas órdenes de aprehensión son una oportunidad histórica para la justicia en México y que demuestran que los crímenes y violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos desde el poder, pueden ser castigados.
Advirtieron que, en ese sentido, una vez capturados, el Poder Judicial, de una manera injusta y corrupta, libere a los responsables de la masacre perpetrada contra su comunidad, no dudarán en recurrir a la movilización.
“Nunca habrá tregua, ni perdón, para quienes atacaron a Arantepacua. No cesaremos hasta que estas órdenes de aprehensión se conviertan en sentencias firmes. Si no hay justicia para Arantepacua, no habrá paz para el Estado”.
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