Colectiva oaxaqueña exige libertad y justicia para defensor indígena y para periodista comunitario; piden revisión de procesos

La colectiva Mujeres Mazatecas por la Libertad exigió al Primer Tribunal Colegiado en materia penal con residencia en Oaxaca la libertad absoluta y sentencia absolutoria para Miguel Peralta, “al quedar demostrado que los procesos en su contra carecen de sustento probatorio real y forman parte de un patrón de criminalización contra defensores indígenas del territorio”.

Mientras que a la Fiscalía General de la República y al juez de Control demandó justicia plena para el periodista comunitario David Peralta quien fue víctima de una agresión el 3 de abril de 2025 cuando le robaron violentamente su equipo de trabajo e intentaron atropellarlo, lo que orilló a sufrir un desplazamiento forzado de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, población de la región Cañada de Oaxaca.

En el caso de Miguel Peralta, el próximo 20 de febrero de 2026 se emitirá una nueva sentencia, tras la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que ordenó otra revisión de proceso judicial.

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La colectiva recordó que él fue una de las personas defensoras que en el año 2011, documentó y denunció el ecocidio cometido al río Xangá Ndá Ge, y en consecuencia, su familia completa fue objeto de represión y fabricación de delitos.

“En 2012, su padre Pedro Peralta fue torturado y encarcelado; en 2014, su madre, otro hermano y él fueron objeto de persecución judicial por delitos de alto impacto”.

Injusticias a nivel sistemático

Al igual que Miguel Peralta, el 14 de diciembre de 2014, a más de 50 personas defensoras del territorio y la autonomía de la comunidad mazateca, se les fabricaron delitos de alto impacto, sin pruebas vinculantes, y han sido obligados a enfrentar la justicia en todos los niveles, juzgados de primera instancia, salas del tribunal y juzgados federales.

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Y agregó que durante años, la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón ha enfrentado decenas de procesos penales fabricados, pero más del 75 por ciento de las sentencias han sido absolutorias. Este dato por sí solo, aseguró, demuestra que no se trata de conflictos entre particulares, sino de una estrategia deliberada de desgaste judicial para inhibir la defensa comunitaria.

“Puesto que en cualquier otro caso, el Estado habría reconocido la fabricación de delitos y habría puesto fin; pero en el caso de Eloxochitlán, los tres poderes estatales se coluden para prolongar la existencia de juicios desgastantes, injustos, violatorios y para mantener de instancia en instancia la batalla jurídica, a sabiendas de que el fin de cada juicio, será una y otra vez la absolución y la libertad plena”.

Persecución a defensor de derechos

Miguel Peralta fue encarcelado entre los años 2015 a 2019, luego de ser condenado a 50 años de prisión, apeló esa decisión y ganó la libertad. Tres años después, y a sus espaldas, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Oaxaca le revocó su libertad.

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Sin embargo, la colectiva señaló que continúa perseguido, “no por cometer delitos, sino por ejercer derechos: el derecho a defender el territorio, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, el derecho colectivo al agua y a un medio ambiente sano, el derecho a la organización comunitaria”.

En la agresión y posterior desplazamiento forzado que sufrió el periodista comunitario David Peralta, exigió investigación exhaustiva y con debida diligencia de la agresión sufrida, la vinculación a proceso de Manuel Zepeda Cortés como presunto responsable de los hechos, y garantías reales de no repetición, protección efectiva y condiciones para su retorno seguro a la comunidad.

Así como el reconocimiento judicial de que estos casos no son hechos aislados, sino expresiones de una política de criminalización comunitaria sostenida durante más de una década por actores del poder local con la tolerancia de los tres poderes del Estado en Oaxaca.

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“A las y los magistrados federales que resolverán el caso de Miguel Peralta: su decisión no es técnica, es histórica. En sus manos está definir si el derecho penal seguirá siendo usado como arma contra los pueblos indígenas o si, por el contrario, se convertirá en un límite frente al abuso de poder.

“Al juez que conocerá del caso de David Peralta: proteger al fotoperiodista es proteger la verdad, la libertad de expresión y el derecho de la comunidad a defender su río. Ceder a presiones políticas sería traicionar la función judicial”, manifestó a través de un pronunciamiento público.

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