Puerto Peñasco.— El precandidato a gobernador de la entidad, Alfonso Durazo Montaño, firmó un juramento en el que se compromete a defender su derecho a la información y otorga permiso a las autoridades para que revise las fuentes de sus recursos económicos.
Durazo Montaño invitó a sus aliados y adversarios políticos que aspiran a una candidatura a que realicen este convenio y se comprometió a hacerlo ley en el gobierno para romper “con la herencia de corrupción que tanto daño ha hecho al estado”.
En el documento denominado Manifiesto de Solvencia Moral e Integridad Pública, el precandidato morenista se sujeta a cuatro puntos en los que se declara que los recursos o bienes en propiedad del aspirante son producto del trabajo personal y de actividades lícitas.
El documento señala que Durazo Montaño se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sin haber incurrido en ningún tipo de violación a las leyes fiscales, financieras y de la función pública.
De la misma forma, se indica que todas las actividades e ingresos que el funcionario percibe actualmente, provienen de actividades lícitas. Asimismo, en tercer lugar, se indica que su patrimonio y el de sus familiares inmediatos es consistente con el flujo de ingresos que obtiene.
Además, el aspirante autoriza por este medio al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la autoridad que así lo quiera, a la comprobación de la información que se aporta.
Alfonso Durazo destacó que pertenece a una familia que por nueve generaciones ha trabajado con honestidad en Sonora, y reiteró su compromiso de que dicho documento que presenta a título personal, se haga ley en el gobierno.
“El documento, inédito en la vida de México, no sólo para algún político o aspirante a puestos de elección popular, sino para los mismos candidatos oficiales, representantes electos y funcionarios, se vuelve indispensable en un momento en que la solvencia moral del país se ha puesto en entredicho, asediada cotidianamente por la información de presuntos actos de corrupción de exfuncionarios públicos, exsenadores, entre otros; así como juicios políticos a gobernadores en diferentes estados del país”, puntualizó el funcionario.