La Trinitaria.— El lunes 25 de marzo cuatro hermanos circulaban por la Autopista Panamericana en una camioneta Jeep. Al llegar al kilómetro 210, en La Campana, un grupo de hombres les impidió avanzar hacia Frontera Comalapa, donde querían levantar un altar para honrar a su madre, que dos días antes había fallecido. No pasaron. Esa madrugada, dos grupos criminales chocaron entre Berriozábal y Ocozocoautla, con un saldo de dos muertos y un herido, varios vehículos y camiones destruidos y quemados.
El choque entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó que la “base social” en los límites con Guatemala se mantuviera en alerta. La gente de los primeros levantó retenes sobre la Panamericana y cruces fronterizos clandestinos; los otros se atrincheraron en su bastión: Frontera Comalapa.
Cinco días después, habitantes de Frontera Comalapa se quejaban de que no había combustible para los vehículos ni gas LP para cocinar, mientras que las verduras, granos, carne y otros alimentos escaseaban en el mercado y las tiendas del pueblo. No había transporte público.
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Desde 2021 una importante porción del territorio chiapaneco que hace frontera con Guatemala atraviesa “por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local”, establece el informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos, dado a conocer por organizaciones de la sociedad civil el pasado 9 de abril.
El conflicto arrancó el 27 de diciembre de 2020 en La Quespala, en Frontera Comalapa, con la ejecución del “jefe de plaza”, José Fernando Cruz Montejo, alias El Poni, de 30 años y tres de sus guardaespaldas, de 26 a 28 años, dos de ellos conocidos como El Panda y Caturro.
El 30 de abril de 2021, El Komander, cantante de corridos, estrenó El Chaparrito, canción en la que exalta a Cruz Montejo. Dice que fue “jefe de plaza” por ser “buena pieza”, “por los patrones siempre respetado”.
A inicios de 2021, las comunidades de esta región de Chiapas vieron la llegada de los primeros camiones tipo monstruo de blindaje artesanal, que habían ingresado por cruces fronterizos clandestinos de Guatemala. Eran vehículos del CJNG para enfrentar a sus adversarios del Cártel de Sinaloa. En las comunidades se levantaron barricadas, muros, se colocaron cadenas y cavaron zanjas para evitar el paso de sus enemigos. Cientos de personas huyeron desde los primeros combates. Se hablaba de levantones y desaparecidos, pero como nadie denuncia y los muertos son enterrados de inmediato, oficialmente no hay cifras ni registro de los hechos.
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El 22 de junio de ese mismo año César Noyola Estrada, de 30 años de edad, desapareció a la altura del kilómetro 204 de la Panamericana.
Dos semanas después fue emboscado en Tuxtla Gilberto Rivera Estrada, El Junior, del Cártel de Sinaloa.
La guerra parecía no tener regreso. El CJNG había atentado contra el hijo de Gilberto Rivera Amarillas, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa hasta 2016, personaje querido por los políticos, empresarios y el pueblo chiapaneco.
Si quieren morir, vayan a Frontera Comalapa
Frontera Comalapa, municipio compuesto por 293 comunidades y 97 mil habitantes, se dividió en dos bandos: Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nuevo Generación.
En la cabecera municipal, donde vive casi 50% del total de habitantes, los pobladores fueron obligados a unirse a la agrupación Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), leal al CJNG; también les exigieron pagar derecho de piso.
Negarse a colaborar significaba la desaparición y ser tableado. De pronto los negocios, tiendas, hoteles y otros aparecieron con el logo de una mazorca, para reafirmar su lealtad a la nueva organización criminal.
La información sobre levantones y ejecuciones se esparció por la sierra, lo que provocó que familias que llegaban a comprar productos básicos o vender semillas, papas, aves y otros, dejaran de llegar. En Guatemala, autoridades decían a sus connacionales: “Si quieren morir, vayan a Frontera Comalapa”.
Visitar el pueblo se convirtió en una actividad de alto riesgo, porque los sicarios del MAIZ, que hacían guardia en retenes, exigían una identificación oficial, justificar el motivo del viaje y entregar el teléfono celular para revisión.
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Por la guerra, negocios cerraron. Cientos de jóvenes huyeron del lugar, otros dejaron de hacer ejercicio o escuchar marimba en el parque central, dice Rigoberto Jiménez, nombre ficticio de un habitante que ha conocido a decenas de personas de su pueblo que ahora están desaparecidas.
¿Vivir en Frontera Comalapa le ha provocado miedo?, se le pregunta.
Todos los días, responde.
La extensión del conflicto
A partir de finales de 2023 la guerra saltó de la zona fronteriza y la sierra a otras regiones como la Frailesca, Centro, Costa, Selva e Istmo, donde se han registrado enfrentamientos, levantones y ejecuciones extrajudiciales, con un nuevo actor, el Cártel Chiapas Guatemala. Del 25 de marzo al 9 de abril, en La Concordia y Ocozocoautla, sicarios chocaron entre ellos, con el Ejército y la Guardia Nacional. El 31 de marzo murieron cinco sicarios y 13 fueron detenidos, cuatro de ellos de Guatemala. Sólo en marzo ocurrieron 61 ejecuciones, mientras que del 1 al 15 de abril, 44, según un recuento con datos de autoridades.
Carlos Orgaz, miembro del Grupo de Trabajo Región Frontera, establece que Chiapas “se encuentra en una profunda crisis de derechos humanos”, generada por la guerra entre las organizaciones criminales por el control geoestratégico que traerán los proyectos del Tren Maya, Corredor Transístmico y la refinería Dos Bocas.
Chiapas es un territorio “clave para el control de economías legales como ilegales, hablando de tráfico de armas, tráfico de personas, obviamente tráfico de drogas”, asegura.
Como consecuencia de las hostilidades de las organizaciones criminales, del 21 de junio a enero de 2024, unas 10 mil 500 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado, mientras que de diciembre de 2018 a septiembre de 2023 se tiene un registro de 812 personas desaparecidas, expone Orgaz.
“Chiapas representa una región de suma importancia, donde las organizaciones criminales luchan por el control del territorio, pero dañando el tejido social y dañando la vida comunitaria. Las estructuras criminales han tomado el control de las comunidades”, explicó el investigador durante la presentación del informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos.
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Agrega que el control de la población en estos territorios “es bajo amenazas” y “violencia física” de los habitantes. “En los próximos años veremos impactos de esta violencia a nivel cultural, comunitario”. Una característica que “no hay que obviar, que sólo por mencionarla nos pone en alerta, es el reclutamiento forzado” de la población, expone.
Chloe Stevenson, del Grupo de Trabajo Región Frontera, dice que el pleito de los cárteles ha provocado que en Bella Vista, formado por 89 comunidades, con unos 22 mil habitantes, 30% de su población haya huido para buscar refugio en otros municipios o la frontera norte, para ingresar a Estados Unidos.
Documentó que en mayo de 2021, 3 mil 500 personas de comunidades de Frontera Comalapa dejaron sus hogares, mientras que en enero de este año entre 2 mil y 3 mil habitantes de La Concordia, Socoltenango y Chicomuselo se desplazaron por enfrentamientos entre los criminales.
Cientos de familias de Guatemala que llegaban al corte de café a la sierra no lo hicieron esta vez, ante el temor de ser desaparecidos o reclutados por los criminales, asegura Carlos, dueño de una cafetería en uno de los pueblos mágicos de Chiapas.
Cuenta que en años pasados compraba hasta 600 kilos de café orgánico en Motozintla y Siltepec, pero este año sólo encontró 200, porque “la fruta no se cortó por la falta de mano de obra y el cobro de piso”.
El investigador Daniel Villafuerte, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, considera que en la actualidad “prácticamente toda la geografía chiapaneca se encuentra marcada por la violencia criminal”, que va desde las regiones Costa, Sierra Mariscal, Valles Centrales, Los Altos (con epicentro en Pantelhó y Chenalhó), Selva (en Ocosingo y Altamirano, Norte, (Pichucalco y Reforma) y Centro (con Berriozabal, Ocozocoautla y Jiquipilas) y Meseta Comiteca (La Trinitaria).
“El problema de la violencia criminal tiene un grado de complejidad por la cantidad de variables que intervienen (…) El llamado crimen organizado tiene un poder constituido, un aparato de fuerza con mucha capacidad de fuego. Una organización con división del trabajo, un poder económico con millones de dólares y que cuenta con una base social”, explicó el investigador.
Guillermo Trejo, del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame, refiere que la violencia “en Chiapas, en la zona fronteriza, en particular, quizá sea el último gran estallido de una de estas guerras criminales que hemos experimentado en distintas partes” de México. Y como resultado de esta “vorágine bélica” se ha dado un “deterioro acelerado” a los derechos humanos como no se había visto en esta entidad.