Gobierno de Cancún, dispuesto a modificar monumento y reformular disculpa pública por represión del 9N

Cancún.- El gobierno municipal de Cancún abrió la posibilidad de modificar el monumento alusivo a la represión de la noche del 9 de noviembre de 2020 , cuando policías locales abrieron fuego en contra de ciudadanía que se manifestaba en contra del feminicidio de Bianca Alejandrina, Alexis , lo que incluye, además, reformular la disculpa pública a las 13 víctimas directas de esos hechos.

La secretaria general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Flor Ruíz Cosío, indicó que sigue abierta la posibilidad de concretar la reunión con Amnistía Internacional México (AI) y el Comité de Víctimas 9N , acordada desde el pasado 8 de noviembre, pues pese al cumplimiento legal y extemporáneo de la recomendación 20/ 2020, girada por la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQROO) , existe disposición para reparar a satisfacción a las personas agraviadas.

“Para el municipio de Benito Juárez sería una recomendación, de acuerdo a lo que escuchamos en el Congreso, en la Comisión, que los 10 puntos recomendatarios están cumplidos.

“Sin embargo, entendemos que las víctimas pudieran no estar completamente a satisfacción de las mismas y este ayuntamiento les pide un acercamiento para poder tocar los temas y no estamos cerrados a que puedan existir otras medidas de reparación con las cuales pudieran sentirse, de alguna forma, reparadas”, expresó Ruíz Cosío.

En entrevista con EL UNIVERSAL , la funcionaria remarcó que están dispuestos a sentarse en mesas de trabajo para las medidas de satisfacción para las víctimas, que son competencia del ayuntamiento, “de forma inmediata o en un tiempo breve”.

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“No tenemos una fecha como tal para ello. Amnistía había quedado en proporcionarnos una fecha para la reunión con las víctimas. Nosotros le habíamos solicitado ser mediador para lograr un consenso”, mencionó.

Cuestionada acerca de la veracidad de su disposición de cumplir satisfactoriamente, luego de haber colocado un monumento rechazado expresamente por las víctimas, el pasado 7 de diciembre, lo mismo que la difusión impresa de una disculpa pública, respondió que se decidió así debido a que AI y el Comité 9N rompieron lo convenido en la reunión sostenida el 8 de noviembre.

Aquella vez se acordó esperar el regreso de Wendy Galarza –una de las víctimas directas– quien viajaría el pasado 10 de noviembre a Europa para exponer en cinco países los hechos registrados el 9N en Cancún.

A su vuelta, se afinaría y concretaría la modalidad de disculpa pública y el tipo de monumento solicitado, para dar cumplimiento a los puntos 6 y 8 de la recomendación 20/ 2020 II, emitida por la CDHEQROO, el 30 de noviembre de 2020 y admitida por el ayuntamiento el 2 de diciembre de ese año.

Sin embargo, antes de marcharse, Amnistía Internacional y el Comité de Víctimas 9N sostuvieron una reunión con las y los legisladores del Congreso de Quintana Roo, a quienes pidieron citar a comparecer –en la primera semana de diciembre– a la alcaldesa “Mara” Lezama Espinosa , debido a que, desde el 4 de junio de este año, la CDHEQROO notificó a la XVI Legislatura del incumplimiento de 9 de 10 puntos de la recomendación girada a la edil.

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“No puede ser que, por un lado, lleguemos a un acuerdo para dar cumplimiento a los puntos de la recomendación a tu regreso de Europa, pero antes de irte le pidas al Congreso que cite a comparecer a la presidenta municipal la primera semana de diciembre, antes de que nos volvamos a reunir”, expuso Ruíz Cosío.

La encargada de la política interna de la comuna indicó que, ante la acción de Amnistía, se procedió a cumplir los dos puntos faltantes de la recomendación 20/ 2020 II, tal y como lo estableció el organismo garante de los derechos humanos.

El 8 de diciembre, el ombudsperson Marco Antonio Toh Euán, informó a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el estatus de la recomendación, señalando que los 10 puntos ya habían sido acatados de forma extemporánea.

Con base en ello, durante su sesión de trabajo, la Comisión legislativa dio por cumplida –extemporáneamente– la recomendación y ordenó eliminarla del Registro de rezagos del Congreso.

Más allá de la reacción ante el proceder de Amnistía, se cuestionó a Ruíz Cosío sobre las actuaciones y omisiones del gobierno municipal en torno a la recomendación.

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La funcionaria respondió que desde el año pasado se reunieron con las personas afectadas, con la intermediación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo) para acordar el cumplimiento de lo demandado, incluida la reparación integral del daño en términos económicos.

Después de un par de encuentros, el 30 de diciembre se entregaron 100 mil pesos a cada una de las 13 víctimas por concepto de “adelanto” de la reparación integral del daño, como una manera de ayudar a las personas agraviadas de forma inmediata, en lo que se elaboraba el dictamen final, que estuvo listo hasta junio de 2021.

Los acuerdos fueron avalados por la Ceaveqroo y admitidos por las propias víctimas, lo cual consta en documentos oficiales, con la evidencia de los cheques expedidos y las firmas de las personas y funcionarios involucrados.

Este año, el 7 de enero, el Cabildo aprobó declarar el 9N como “Día municipal del Derecho Humano a la Legítima Protesta”, en cumplimiento a otro de los puntos de la recomendación que, en cambio, marcaba que la fecha debía ser enunciada como “Día municipal contra la represión policial”.

Ruíz Cosío subrayó que a nivel internacional se han fijado criterios que establecen que este tipo de conmemoraciones no pueden ir en sentido negativo, ni contener palabras que reflejen odio. El texto propuesto por la CDHEQROO –consideró– genera animadversión hacia los cuerpos policiacos, por lo cual se dio otro sentido a la frase, respetando el espíritu afirmativo al derecho a la libre manifestación.

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Durante meses –dijo– se sostuvieron al menos cinco encuentros para dar seguimiento a los otros puntos de la recomendación, mientras se ponían a disposición de la Fiscalía General del estado (FGE), videos, testimonios, bitácoras, pases de lista y se facilitaba la declaración de 77 elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, incluido personal de Servicios Públicos, para facilitar las indagatorias.

Para avanzar en otros puntos, se puso a disposición de las víctimas, bocetos y propuestas del tipo de monumento que, a manera de memorial, debía ser colocado en Plaza de la Reforma, en donde la policía dispersó a balazos y golpes a las y los manifestantes .

El problema fue –en palabras de Flor Ruíz– que el Comité de Víctimas no aceptaba ninguna propuesta, pero tampoco presentaba alternativas viables.

Lo mismo sucedió –lamentó– en torno a la disculpa pública. El Comité exigía que la alcaldesa estuviera presente, que fuese un acto público celebrado en Plaza de la Reforma, el 9 de noviembre, a un año de los hechos.

El problema no era la presencia de la edil. Ruíz Cosío aseguró que Lezama Espinosa no tenía problema en ofrecer de viva voz la disculpa pública.

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“En realidad, no era viable lo que estaban planteando, sino riesgoso, no sólo para la presidenta municipal, sino para ellos mismos. Imagínate un evento así de abierto, público, en donde ella y ellos y las demás personas pudieran estar expuestas. Los asesores en seguridad nos dijeron que no”, expresó.

La contrapropuesta fue realizar un evento público, pero en un ambiente controlado, dentro de un salón, en presencia de las víctimas, de sus invitados y de la prensa, para atender lo más posible la solicitud, aún cuando a partir de la pandemia por coronavirus, el ombudsperson extendió un Protocolo para el ofrecimiento de disculpas públicas, que establece que pueden darse de forma remota, no presencial, sino virtual, como medida extraordinaria.

Se puso en la mesa que la disculpa pública se extendiera en el Salón Presidentes, dentro del Palacio municipal, el 27 o 28 de mayo pasados, a las 10 horas, para dar cumplimiento a la recomendación en el plazo de seis meses.

Las víctimas tampoco aceptaron, porque insistían en que fuese el 9 de noviembre, lo que supondría incumplir en el plazo de seis meses fijado por la CDHEQROO.

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Las pláticas con el Comité de Víctimas se truncaron en junio, a partir de la emisión de los dictámenes finales de reparación integral de daños, a cargo de la Ceaveqroo, lo que incluyó la promoción de 11 amparos.

Aunque la recomendación se dio por incumplida ante el Congreso, el ayuntamiento siguió trabajando para cumplir –aunque de forma extemporánea– todo lo no acatado hasta entonces.

Sobre la comparecencia, Ruíz Cosío señaló que nunca recibieron la solicitud del Congreso citando a la edil.

“Una vez que una recomendación no se cumple en tiempo, compete a la Comisión de Derechos Humanos notificarlo al Congreso para que la autoridad explique por que no se ha cumplido y qué está haciendo para cumplirlo. Entendemos que hay otras recomendaciones no cumplidas y no se nos había notificado; oficialmente no fuimos notificados de una comparecencia ante el Congreso, pero de notificarse, esta autoridad comparecería”, aseguró.

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