La doble moral priísta

Tras la publicación de una correcta nota periodística publicada por EL UNIVERSAL, en la que se denunció que el fiscal especializado contra delitos electorales, Santiago Nieto, omitió informar al Congreso que había trabajado para la bancada del PRD en el Senado, el gobierno y el PRI emprendieron una venganza y una cacería contra el fiscal. Reaccionaron dolidos, enojados por un golpe político y jurídico que no vieron venir, pues el fiscal tuvo la osadía de hacer su trabajo y solicitar una orden de aprehensión contra los delincuentes electorales del Partido Verde Ecologista de México, encabezados por el subsecretario con licencia Arturo Escobar.

Lo que tanto molestó a Los Pinos y a la dirigencia priísta, fue la idea de que el fiscal haya actuado en contra de sus aliados estratégicos, los pillos del Verde, porque saben que cada punto electoral que pierda ese partido artificial y satélite, es un punto menos para sus cálculos electorales en 2018, cuya sucesión presidencial preocupa cada vez más ante la ausencia de precandidatos fuertes en el viejo partido, y aun en las próximas elecciones estatales de 2016, donde los 8 puntos ficticios de los falsos ecologistas, serán indispensables para que el PRI apueste a retener o recuperar las gubernaturas en los 8 estados que la dirigencia tricolor estima ganar en esos comicios.

En la percepción del partido gobernante, el fiscal se prestó a una jugada política ideada desde el PAN y el PRD para torpedear al PVEM con la acusación penal contra Escobar, y de paso golpear también al gobierno de Peña Nieto que acogió como subsecretario de Prevención del Delito a un presunto delincuente electoral.

Porque al final de cuentas la descalificación a Santiago Nieto por haber ocultado una asesoría política y académica a la fracción de senadores del PRD sí es una falta y una omisión cometida por el titular de la FEPADE, que se equivocó al no haber declarado esa relación contractual que estableció con un partido de los que votaron por su designación. Pero siendo honestos, ¿cuántos de los consejeros electorales, de los magistrados del tribunal electoral federal o incluso de los recién designados ministros de la Corte no tienen o tuvieron vínculos no sólo académicos, sino políticos o de asesoría con partidos, incluido el PRI?

¿No es doble moral de los dirigentes priístas desgarrarse las vestiduras y clamar que no se puede tener a un fiscal que trabajó para un partido —que no necesariamente militó, sino simplemente asesoró— cuando ellos se han dado el lujo de designar consejeros electorales que fueron militantes oficiales del PRI como Sergio García Ramírez o Francisco Guerrero? ¿No fueron asesores y luego militantes del PAN consejeros como los fallecidos Juan Molinar Horcasitas y Alonso Lujambio o el actual consejero en funciones Arturo Sánchez Gutiérrez? ¿No tuvo vínculos con el PRD el actual presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova o el ex consejero Jesús Cantú? ¿No trabajó el consejero Marco Baños con el priísta Felipe Solís Acero en la Secretaría Ejecutiva, que a su vez estuvo vinculada con dirigentes del PRI como Fernando Gutiérrez Barrios o el actual presidente Manlio Fabio Beltrones?

Francamente es doble moral de los dirigentes partidistas y de quienes han hecho de la omisión del fiscal Nieto una falta mayor, cuando la propia jefa del titular de la FEPADE, la procuradora Arely Gómez, es militante del PRI y dejó de ser senadora por ese partido para ser designada titular de la PGR.

Que se dejen de caretas y falsedades los partidos y que acepten la aplicación de la ley de manera pareja y sin favoritismos. Para eso crearon una fiscalía contra delitos electorales a la que la ley concede autonomía y facultades para investigar y sancionar los delitos en esa materia. Si el fiscal Nieto cometió una falta de procedimiento al permitir que se utilizara política y mediáticamente una averiguación en curso, que se proceda de acuerdo a la ley y se sancione esa falta; pero ponerse a acusar impurezas por vinculaciones políticas, equivaldría a descalificar el trabajo de la mitad de las actuales autoridades electorales y de muchos que han pasado por los órganos de impartición de justicia de todo tipo.

NOTAS INDISCRETAS… En Sinaloa la selección del candidato priísta empieza a decantarse. Ante el aparente descarte del empresario Jesús Vizcarra, que punteaba en las encuestas, la lista se reduce a un par de aspirantes con los apoyos y posibilidades: uno es Gerardo Vargas Landeros, secretario de Gobierno del estado, y quien ha desplegado una intensa precampaña apoyado en su militancia priísta y en el respaldo del gobernador Mario López Valdez, y el senador Aarón Irízar, quien tiene el respaldo de Francisco Labastida, aunque se menciona que no es bien visto por el mencionado Vizcarra ni por el ex gobernador Juan S. Millán. Veremos hacia dónde se inclina el PRI… Los dados mandan Serpiente. Mal augurio.

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