Los frentes de Peña Nieto

Salvador García Soto

Mientras el Presidente se relaja en las playas del Pacífico y comparte en las redes sociales plácidas fotos de sus vacaciones familiares y amorosas felicitaciones a su esposa, en el país arrecian los cuestionamientos y la inconformidad por decisiones de su gobierno.

A la irritación social que dejaron los recientes aumentos a las gasolinas y la electricidad, se suman enfrentamientos cada vez más abiertos que sectores de poder sostienen con el Ejecutivo federal. Primero fue la Iglesia católica y sus jerarcas, que junto con líderes de otras iglesias se lanzaron contra Peña Nieto y su iniciativa de legalización del matrimonio gay; ahora organismos cúpula del sector empresarial y comercial acusan a la administración Peña Nieto de “omisión”, “debilidad” e “incapacidad para hacer cumplir la ley” y amenazan con dejar de pagar impuestos, en protesta por la inacción gubernamental ante bloqueos de la CNTE.

Ni siquiera la respuesta del gobierno, que en voz del titular del SAT, Aristóteles Núñez, advirtió que dejar de pagar impuestos o falsear declaraciones “se castiga con cárcel” hizo que amainaran las críticas del empresariado. Ayer un juez administrativo de la Ciudad de México, dio entrada a la inédita demanda de amparo que dirigentes de la Coparmex presentaron en contra del presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación, la titular de la PGR y los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, a quienes acusan de “omisión” por no aplicar la ley antes plantones y sabotaje cometidos por los maestros de la CNTE.

A eso se añaden amenazas de “paro fiscal” hechas por varias delegaciones estatales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el “paro de labores” de empresarios y comerciantes de Oaxaca en protesta por 80 días de bloqueos magisteriales, y las acusaciones de “debilidad gubernamental” hechas por Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero.

Nunca en la historia un presidente en funciones había sido demandado por “omisiones” en el ejercicio de su autoridad; la demanda de Coparmex sienta un precedente histórico e ilustra el clima de inconformidad por la actuación gubernamental en el conflicto magisterial. Si a los empresarios y comerciantes se añaden los cuestionamientos de jerarcas religiosos contra el gobierno federal, a raíz de la iniciativa para constitucional sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, queda claro que sectores que en su momento fueron aliados estratégicos del presiente, como los empresarios y la Iglesia católica, hoy se han vuelto en su contra.

Cuestionado por la derecha; asediado por la izquierda. El problema para Peña Nieto y su administración, a dos años del fin de sexenio, es que la pérdida de respaldo de aliados de la derecha económica y sectores conservadores de la Iglesia ocurre al mismo tiempo que arrecian las campañas permanentes que la izquierda sostiene en su contra. Así, mientras en la calles la CNTE —ligada a la izquierda radical de López Obrador— aumenta la presión con bloqueos y protestas que no cesan y en las redes sociales siguen las campañas y críticas contra el peñismo por corrupción, los empresarios también elevan sus críticas al Presidente y su gabinete.

A ese peligroso cóctel político hay que añadir la inseguridad y violencia, que sigue en crisis en estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Morelos (por mencionar algunos) y el componente más delicado de toda la situación actual del país: una economía cada vez más afectada por las presiones externas, pero también por decisiones internas que ha tomado la política económica diseñada y ejecutada por Luis Videgaray: el excesivo endeudamiento, que ya alcanza 47% del PIB, la crisis financiera de Pemex y la caída de los ingresos gubernamentales que no sólo se refleja en medidas recaudatorias como aumentos a gasolinas, sino en un indicador en extremo preocupante: la caída de 19% del gasto físico del gobierno, que no es otra cosa que la inversión pública en obras y servicios, y que en los últimos dos trimestres de 2016, de enero a mayo, ha sido la más baja desde 1995, cuando la crisis económica del sexenio zedillista.

Todo eso anticipa un cierre preocupante de la administración Peña Nieto. Expectativas de crecimiento que se siguen reduciendo en el presente año y ya se manejan también a la baja para 2017, con expertos que pronostican crecimiento de apenas 1 o 1.5% el próximo año; otros, más alarmistas, hablan de que si continúan la tendencia negativa, podría empezar a hablarse de una economía en recesión. Para colmo, la caída de ingresos públicos y el incremento de deuda, ha hecho que las calificadoras internacionales manden mensajes de advertencia sobre el riesgo de que se revise el grado de inversión de México como país, lo que en términos económicos sería el desastre.

Todo eso le espera al Presidente, al que aún le quedan dos días de vacaciones, antes de su regreso, el lunes, a sus actividades. Por lo pronto, en las fotografías que comparte, se le ve relajado y tranquilo, total, ¿cuál es el apuro?

Notas indiscretas… En el CEN del PAN no tienen prisa para designar al próximo presidente de la Cámara de Diputados. A pesar de las presiones y golpeteos de los grupos panistas, el dirigente Ricardo Anaya aún no toma una decisión y en su círculo cercano aseguran que no se precipitará. Y es que para Anaya la decisión de a quién manda a presidir la mesa directiva es clave en su proyecto político. No quiere en esa posición a un personaje demasiado protagónico que le pueda hacer sombra (por aquello de su aspiración al 2018) ni a uno que, una vez en el cargo, se olvide de lealtades y le de la espalda para apoyar a otros panistas. Así que el joven dirigente busca que el diputado que presida la Cámara a nombre del PAN tenga dos características muy claras: un perfil bajo que no atraiga tantos reflectores y una lealtad a toda prueba con el grupo anayista… Si partimos de eso hay varios aspirantes en San Lázaro que estarían descartados. Por ejemplo, a Federico Doring, más que apuntado, le cuestionan sus vínculos cercanos con el gobernador Rafael Moreno Valle, por lo que lo descartan. Esos mismos vínculos poblanos hacen que el diputado Eukid Castañeda ni siquiera sea considerado. Sobre Gustavo Madero, dicen, difícilmente Anaya reviviría a su ex tutor, al que él mismo marginó porque, de hacerlo, lo volvería a habilitar para 2018. Eso deja en la lista dos posibles candidatos: el diputado morelense Javier Bolaños, a quien Anaya ve viable por su cercanía con el ex gobernador Marco Adame, y al diputado capitalino Jorge Triana, cercano a Santiago Creel y que ya forma parte del CEN panista... Por cierto, al diputado Javier Bolaños, a raíz de que lo mencionan como posible presidente de la mesa directiva, le han llovido ataques y cuestionamientos en Morelos. Detrás de esa campaña negativa, dicen, está la mano del gobernador Graco Ramírez, que al desacreditar al joven diputado también busca golpear al panismo, a quienes ve como sus principales enemigos en la sucesión local de 2018. Graco no resolverá los problemas de seguridad en su estado pero a grillo no hay quien le gane… Hablando de perredistas, el que está en graves problemas es el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez. La detención de Joaquín Alonso, operador del Cártel de los Beltrán, puso en evidencia los vínculos del narco con su sobrino Alfredo Alonso, quien maneja la policía acapulqueña y el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento. Ante los vínculos de su sobrino, Evodio se apresuró a pedir una reunión en Gobernación, donde se quejó que mientras lo “delitos comunes han disminuido en Acapulco, los delitos federales siguen al alza. Sus comentarios causaron tal molestia que en la Secretaría de la Defensa amenazan con abandonar las tareas de seguridad en Acapulco. Si con la presencia de los militares la situación no mejora imagínese si abandonan el puerto… En el gobierno capitalino no pararán en su exigencia de incrementar el salario mínimo, a pesar de la negativa de la Secretaría del Trabajo federal y el Banco de México con el argumento de que aumentar salarios “traería inflación”. Esta semana el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera se reunió con sus asesores en el tema, encabezados por el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, y definieron una estrategia para aumentar la presión al gobierno federal. Entre los argumentos que se expusieron están las cifras citadas por Chertorivski de que 10 millones de mexicanos perciben el ingreso mínimo de 73 pesos diarios, que resultan totalmente insuficientes para sus necesidades más elementales. “No se debe permitir que sean exclusivamente los trabajadores del país, especialmente los que menos ganan, quienes sigan cargando en sus hombros las consecuencias de las decisiones del gobierno federal al aumentar costos de las gasolinas y la electricidad”, se dijo en el gobierno capitalino… Los dados mandan Escalera doble. Subimos.

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