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La palabra “contingencia” ya es parte de nuestro vocabulario habitual, con toda la dosis de estrés y angustia que nos causa. No sólo porque limita la movilidad en una ciudad donde, ya de por sí moverse es complicado, sino también porque la contingencia ambiental nos coloca en una situación límite que afecta una función vital para los seres humanos: respirar aire limpio. En los últimos tres meses —desde que el 15 de marzo pasado se declaró la primera emergencia por la mala calidad del aire en el Valle de México— hemos vivido ya cuatro contingencias, incluida en la que nos encontramos. De hecho, de 141 días transcurridos del año en curso, apenas 19 han sido considerados “limpios” por la calidad del aire que respiramos, según las mediciones del gobierno de la Ciudad de México.
El primer impacto de la mala calidad del aire es a la salud física de quienes vivimos en esta Megalópolis; el segundo impacto es a la salud política de los gobernantes, que nomás no pueden con un problema que toma ya niveles de crisis sanitaria, pero también política. Primero nos dijeron que la elevada contaminación era por falta de vientos, pero llegaron los vientos y la contaminación sigue; luego nos dijeron que era por falta de lluvias, pero vinieron las lluvias y los contaminantes no se dispersan; después nos convencieron de que era el exceso de automóviles y nos aumentaron la restricción con un doble Hoy no Circula, pero ni con más de dos millones de vehículos fuera de circulación todos los días el problema de la mala calidad del aire ha disminuido. ¿Y, entonces, qué nos mantiene en contingencia?
Ni siquiera se puede decir que el problema sea sólo para la Ciudad de México, aunque el mayor costo político lo paga el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que enfrenta severos cuestionamientos por la capacidad de su equipo para controlar la emergencia ambiental. Tampoco los otros cinco gobernadores de entidades que rodean a la capital y que forman parte de la llamada Megalópolis, Eruviel Ávila, Rafael Moreno Valle, Mariano González Zarur, Francisco Olvera y Graco Ramírez, han podido o han querido hacer mucho para enfrentar el problema, y el señalamiento de incapacidad abarca prácticamente a todo el espectro político por tratarse lo mismo de mandatarios surgidos del PRI, del PRD, del PAN y hasta “ciudadanos apartidistas”.
El fracaso para controlar la descontrolada contaminación atmosférica en la región más poblada del país —22 millones de habitantes según Inegi y la tercera zona urbana más poblada del mundo, según la ONU— no se queda en el poder local y toca también al presidente Enrique Peña Nieto, quien el 13 de junio de 2013 ordenó crear la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), organismo federal de coordinación entre las seis entidades que, en teoría, debía “definir políticas para combatir la contaminación atmosférica”. Tres años después es claro que el organismo no hizo su trabajo.
Incluso, cuando comenzaron las “contingencias”, el 15 de marzo pasado, el presidente Peña ordenó a la CAMe adoptar “medidas más estrictas para reducir los altos índices de partículas suspendidas”. La única medida ordenada por la comisión, que coordina la Semarnat, fue endurecer el Hoy No Circula, con los resultados que ayer vimos. ¿Y entonces de quién es la culpa y la incapacidad?, ¿del Jefe de Gobierno, de los gobernadores, del titular de Semarnat, del Presidente o de todos?
Ni gobernantes locales, ni la Federación encuentran una solución urgente y efectiva para disminuir las emisiones contaminantes en el Valle de México, no sólo de los automóviles. En su sordera, las autoridades no escuchan planteamientos científicos, como los del Centro Molina, del premio Nobel mexicano, que ayer recomendaba seis líneas de acción urgentes: restricción al uso del automóvil, actualización de normatividad de verificación, acelerar el trasporte público de bajas emisiones, reducir contaminación industrial y contener la expansión de la mancha urbana.
Respirando veneno. Y el fracaso gubernamental tiene un costo muy alto para los ciudadanos. El daño cotidiano a la salud de casi un cuarto de la población nacional que lleva 141 días (casi cinco meses) respirando aire de mala calidad es evidente, mientras el secretario de Salud, José Narro Robles, aún piensa si entrará al grupo de funcionarios que atiende el problema, cuando sí es un problema de salud pública. Las consecuencias de estar expuestos a la contaminación son constantes enfermedades respiratorias de quienes aquí habitamos; infecciones asociadas a inflamación de vías respiratorias, crisis asmáticas, depresión del sistema inmune y riesgos para enfermos de EPOC, que según médicos expertos ocasiona respirar partículas de ozono como las que causan las contingencias.
¿Cuándo se actualizará la cifra de muertos directamente ligados al aumento de la contaminación? Hasta ahora se habla de 22 mil muertes en el país por esa causa; ¿cuántas de esas ocurren en el Valle de México? Porque ayer especialistas alertaban que, con los actuales niveles de ozono, esa cifra aumentaría hasta 18% este año, es decir casi 4 mil muertes más por contaminación.
Pero eso sí, mientras no pueden frenar la contaminación, miles de millones de pesos se gastan en este momento en campañas políticas en buena parte del país. Aquí mismo, en la Ciudad de México, nuestros impuestos costean una elección de “candidatos al Constituyente”, que nos vende la falaz ilusión de que “los capitalinos vamos a construir la Ciudad que queremos”. ¿La Ciudad que queremos es una en permanente contingencia y contaminada?, ¿tener una Constitución local resolverá ese y otros problemas que tenemos en esta que hoy es, dolorosamente, la región menos transparente?
Cuando la guerra sucia falla. De las lecciones que dejarán los procesos locales en marcha es que las llamadas campañas negras o guerra sucia, práctica cada vez más común en la lucha electoral en México, no siempre surte el efecto deseado, sobre todo si se utiliza como recurso desesperado y lo que se denuncia para denostar o desprestigiar a un adversario, resulta no estar sustentado.
Veracruz es un ejemplo. Quién haya armado las denuncias de pederastia contra el candidato de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes, cometió el error de no investigar detalladamente la grave imputación y recurrió a testigos que terminaron desmentidos por las presuntas víctimas de abuso. Es el caso de Sofía Garfias, quién a través de declaraciones a su tío, el periodista Francisco Garfias, negó haber sido víctima de abuso durante su niñez por parte de Yunes Linares, como aseguró Edith Encalada, una de las víctimas del pederasta Jean Succar Kuri, que denunciara hace 11 años en su libro la también periodista Lydia Cacho. Ese tipo de guerra sucia se revierte y no surte efecto porque al menos hasta ahora no ha logrado sacar a Yunes Linares de la pelea por la gubernatura.
Pero no es el único caso. En Tamaulipas los reiterados señalamientos contra el candidato del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien han señalado de tener vínculos con grupos del narcotráfico, no han tenido tampoco un impacto real en las intenciones de voto en ese estado que vive una cerrada disputa por la gubernatura en la que, por primera vez en su historia, está en riesgo el dominio del PRI del gobierno del estado.
Algo similar pasa en Quintana Roo, donde también han acusado al candidato alianciasta, Carlos Joaquín, de vínculos con empresarios ligados al narco, sin probar las acusaciones. Ahí la guerra sucia se la atribuyen directamente al ex gobernador del estado y actual senador, Félix González Canto, quien fue captado en video destruyendo propaganda de los adversarios. Ahora, según información que dicen tener en el PAN, se prepara un nuevo “golpe bajo” contra su candidato y tiene que ver con un expediente sobre la menor de las hijas de Carlos Joaquín, la cual tuvo fuera de su matrimonio. El riesgo de meterse en temas de vida privada, sobre todo si se involucra a una menor de edad como en este caso, es que el asunto tome tintes de moralina, sobre todo porque, según dicen los panistas, su abanderado no ha negado la paternidad de esa niña a la que ve y colabora con su manutención.
Así que, sin renunciar a la transparencia y crítica que deben privar en la contienda democrática, incluso a la denuncia que exponga vida, obra y trayectoria de los candidatos a puestos de elección, lo más recomendable es que el ataque al adversario tenga como único límite la veracidad y el sustento fehaciente de lo que se denuncia, por más oscuro y sucio que sea el tema. De lo contrario la suciedad se revierte, salpica y distorsiona la competencia democrática, a veces en detrimento de quien la promueve.
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