La tentación de la Corte

Hasta los despachos de los integrantes clave del Senado llegó en semanas recientes un documento que impone una advertencia al Estado mexicano: la presión internacional por el caso Ayotzinapa parecerá un juego de niños si surgen evidencias de que la Corte mexicana es subordinada a los partidos políticos y pierde por ello su rol de árbitro final como garante de la ley y el equilibrio entre poderes.

Este reporte, que de acuerdo con fuentes consultadas fue conocido también en Los Pinos, resultó confirmado por singulares pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, que se dijeron atentas al relevo de dos ministros del máximo tribunal cuyas posiciones quedarán vacantes el último día de este mes.

El mensaje es claro: la comunidad foránea (organismos multilaterales, cortes internacionales, bancos, naciones, medios) tendrá mayor injerencia aquí si en México el poder político decide burlarse de la agenda global, ligada con temas como Estado de derecho, combate a la corrupción y contrapesos democráticos.

Nunca en la historia del país tantos ojos externos siguieron como ahora lo que ocurre en el máximo tribunal mexicano. Lo mismo sucede en el ámbito nacional, con voces de la academia, líderes políticos, los empresarios, las agrupaciones de la sociedad civil…

El descarte del senador priísta Raúl Cervantes como aspirante a ministro, bloqueado por el escándalo que atrajo la designación de Eduardo Medina Mora, amigo cercano del presidente Peña Nieto, no ha derrotado según indicios disponibles, la tentación de impulsar a abanderados de intereses partidistas, lo que puede poner a la Corte ante el riesgo de una crisis de legitimidad.

Todo llama a mostrar mayor prudencia en este proceso. Pero a juzgar por los hechos, los actores directamente implicados no están sintiendo este llamado, o lo ignoran de tajo.

La Corte misma, que preside el ministro Luis María Aguilar, de clara trayectoria en la carrera judicial, envió al Ejecutivo hasta los primeros días de este mes la notificación formal de que el día 31 concluirán su gestión los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, últimos integrantes de la generación 1995 surgida de la reforma de Ernesto Zedillo, que un año antes sacudió al Poder Judicial y creó el Consejo de la Judicatura federal.

La demora de Aguilar Morales, inducida externamente o por cálculo propio, ha dado argumento a Los Pinos para rezagar a su vez la presentación al Senado de sendas ternas con personajes cuyo perfil debería llenar los zapatos de los citados juzgadores, cuyas sentencias dejaron huella en asuntos como Aguas Blancas, la “Ley Televisa”, el aborto, la guardería ABC, la adopción en parejas del mismo sexo o el llamado Halconazo de 1971.

La Constitución estipula que el Senado disponga de 30 días para determinar si acepta a un integrante de cada terna, rechaza alguna de ellas, o ambas. Si descarta, el Ejecutivo debe reponer. Si los senadores rebasan el plazo o rechazan las nuevas ternas, el presidente de la República puede designar directamente al ministro faltante. Falta poco más de un mes para que el actual periodo de sesiones concluya. Es evidente la presión sobre el Senado ante el riesgo de que la Corte se desequilibre.

Pero lo que hemos presenciado en las últimas semanas es un juego de espejos entre los órganos del Estado que reduce la posibilidad de que no sólo el Congreso sino, la sociedad en su conjunto revisen si aquellos que sean postulados por la Presidencia reúnen o no los méritos que se espera de ellos.

Los senadores, bajo la presidencia del panista Roberto Gil, participan en este ejercicio de disimulo, pues los bloques partidistas y el gobierno están negociando, en paquete, otras designaciones con la negada visión de “cuotas y cuates”, no sólo las vacantes en la Corte sino una cascada de nombramientos cercanos, desde un hueco en el tribunal federal electoral, el nuevo titular del Inegi, magistrados electorales en las salas regionales, decenas de nuevos magistrados en los tribunales fiscal y agrario, y un largo etcétera.

Mientras tanto, en peregrinación laica, muchos de los que ambicionan ser ministros han recorrido en pos de avales y bendiciones, los despachos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos (principal promotor de su primo Raúl Cervantes y quien acumula ya varios fracasos en cabildeos), e incluso, de la procuradora federal Arely Gómez, que conserva influencia tanto en la Cámara Alta como en la propia Corte.

Mucha tinta y tiempo en merenderos políticos se han consumido para anticipar nombres de quiénes serán los aspirantes. Pero el tema es más profundo. Estos son días en los que viviremos en peligro de un retroceso institucional que puede tomar al país décadas resarcir.

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