El paso lento de la ONU

Porfirio Muñoz Ledo

En los próximos días tendrá lugar las Sesión Especial sobre Drogas de Naciones Unidas (UNGASS 2016), con lo que vuelve al primer plano del debate internacional esta grave cuestión que involucra la dañada seguridad nacional, las vías para la contención del crimen organizado y las posibilidades de una cooperación imaginativa entre los países.

En todos los ámbitos se escuchan voces que proponen enfoques novedosos para hacer frente a las facetas de esta calamidad que tiene dos extremos ostensibles: el gran negocio y la salud pública, en medio de los cuales medran la corrupción y el crimen. De ahí la importancia que podría tener esta cumbre en la búsqueda de nuevos paradigmas, si los Estados miembros se revisten de realismo y de coraje para disminuir los daños causados por el seguimiento de las actuales estrategias, que parten de decisiones tomadas hace más de cuarenta años a escala mundial.

Resulta contradictoria la posición de México, promotor indudable de estos encuentros que carece, sin embargo, de un proyecto nacional definido y transparente. Como si aspirásemos a encubrir en el debate multilateral nuestras indecisiones y confusiones internas. La primera sesión especial sobre este tema se efectuó en 1998 con el lema “Por un mundo sin drogas” —de suyo utópico— promovida por el presidente Zedillo, junto con la reina de Suecia y el primer ministro de Portugal. Diez años después se corroboró el carácter inocuo de ese plan de acción que apenas era un listado de buenas intenciones. A pesar de que la próxima UNGASS estaba prevista para 2019, en septiembre de 2012 los presidentes de Colombia, Guatemala y México hicieron un llamado a la ONU para que se adelantara la conferencia internacional a 2016, a fin de tomar nuevas decisiones frente al incumplimiento de las anteriores.

Después de tensas negociaciones en Viena, la Comisión de Estupefacientes de la ONU presentó el borrador final para su discusión en la UNGASS. El documento reconoce que existen “retos persistentes, nuevos y cambiantes que, de conformidad con lo dispuesto en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, los Estados partes debieran afrontar con suficiente flexibilidad para aplicar políticas nacionales con arreglo a sus prioridades y necesidades”. Se propone que el principal acento debería colocarse en “aliviar la pobreza y fortalecer el Estado de derecho”. Sin embargo, no incorpora recomendaciones de organismos competentes de Naciones Unidas en materia del derecho a la autonomía humana y de la descriminalización del uso y portación de drogas para consumo personal.

En contraste, la OEA presentó en mayo de 2013 una propuesta hacia la despenalización del consumo, “la cual debe ser considerada dentro de cualquier estrategia”. No obstante, ninguno de los documentos propone un verdadero cambio para abordar los desafíos relacionados con los recursos que generan el narcotráfico y el armamentismo. Nada en contra de los grandes intereses que atizan esta creciente patología global. Mientras tanto, prosperan los mercados ilícitos de drogas y los Papeles de Panamá demuestran que la lucha contra el lavado de dinero exige la identificación de los propietarios y beneficiarios de “sociedades pantalla”. Tema que pareciera estar fuera del foco de los organismos internacionales, aunque sea uno de los ejes centrales del problema.

Es obvia la necesidad de implementar un conjunto de políticas coordinadas que incluyan la cooperación de las agencias financieras internacionales e incrementen la capacidad de los poderes públicos para prestar servicios a la población. De ahí que adquieran relevancia las voces independientes, los estudios de instituciones globales y las experiencias locales que se están tomando en distintos países y provincias. Pero más allá del debate y de la experimentación, es indispensable adoptar políticas de Estado y defenderlas en los foros internacionales, en vez de ausentarse de ellos a falta de posiciones claras.

Ante la magnitud de la violencia interna y el paso lento de los organismos multilaterales, se requiere la modificación del actual esquema jurídico, que precipite la toma de decisiones institucionales en los más diversos campos. Con independencia de sus naturales implicaciones políticas y electorales, son bienvenidas las iniciativas presentadas en el Senado, que deberían desembocar en reformas de gran calado y en la toma de determinaciones que comprometiesen a la comunidad nacional.

Comisionado para la reforma política de la Ciudad de México

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