¿Política de datos abiertos?

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Del 21 al 23 de junio, Cancún, Quintana Roo, fue sede de la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Economía Digital, “Innovación, Crecimiento y Prosperidad Social”.

El acto contó con la participación de representantes de los 34 países que son miembros de la OCDE, invitados de otras naciones, así como actores clave de la industria y organizaciones civiles internacionales.

En el marco de la reunión ministerial 2016 sería firmada la Declaración Ministerial de Cancún sobre la Economía Digital, la cual “establecerá una guía hacia la nueva generación de las políticas públicas vinculadas a la Economía Digital y al crecimiento económico incluyente”.

El acto fue el marco idóneo para que Alejandra Lagunes Soto Ruiz, titular de la Coordinación de la Estrategia Nacional, presentara el Estudio de Datos Abiertos Gubernamentales en México: Reuso de Datos para el impacto e innovación del Sector Público de la OCDE.

Los datos abiertos, afirmó Alejandra, son “una de las principales fortalezas para transformar al gobierno y para el desarrollo económico de los países (...) para que la revolución de datos que hoy vive México, sea una revolución abierta “debemos empoderar a las personas con mejores herramientas para lograr los cambios”.

La titular de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional además destacó que fue actualizado el sitio datos.gob.mx para brindar una mejor experiencia de uso e interacción con

los usuarios, recibir notificaciones de nuevas

publicaciones, así como reportes ciudadanos para que estos puedan mejorar la calidad y disponibilidad de la información y los datos abiertos gubernamentales.

Los datos abiertos, afirmó la titular de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, son una de las mayores fortalezas de la Presidencia de México.

Alejandra Lagunes no fue cuestionada sobre la fallida Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la cual en su momento fue anunciada como “la más ambiciosa herramienta en la historia de acceso a la información pública”, y que fue desarrollada por la empresa Intellego, corporativo que en 2014 fue señalado como intermediario en sobornos realizados a funcionarios de Pemex para favorecer un contrato para Hew- lett Packard (HP).

Para montar la primera etapa de la plataforma, Intellego y la firma Dotted Cloud S.A (destacó el medio informativo Sin embargo), fueron beneficiadas con un contrato por nueve millones 663 mil 240 pesos, con una vigencia del 9 de septiembre al 31 de diciembre de 2015. Por inoperante, la Plataforma Nacional de Transparencia fue suspendida de manera temporal.

La firma tecnológica Dotted Cloud no precisamente representa el mejor ejemplo de datos abiertos. En su página web disponible en Internet [http://www.dcloud.com.mx/] no ofrece información alguna sobre su historia ni de los nombres de las personas o entidades que integran su equipo directivo.

Resulta ingenuo suponer que una plataforma dedicada a la transparencia —cuando llegue a funcionar correctamente— o la adopción de una política de datos abiertos gubernamentales, efectivamente servirán para “empoderar a las personas con mejores herramientas para lograr los cambios”, si en el gobierno no existe verdadero interés por combatir y sancionar los actos de corrupción.

Ejemplos sobran, uno de los más recientes y relevantes: el millonario contrato con el cual la Secretaría de Educación Pública favoreció al Grupo Mexicano de Seguros por la cantidad de 460 millones 800 mil pesos. Banorte ofreció el mismo servicio por un presupuesto de 319 millones de pesos.

En conclusión, la loable iniciativa de una política nacional de datos abiertos, deviene en simulación cuando no precisamente es sincero el compromiso por evitar y castigar las prácticas de corrupción.