El escándalo de corrupción de Odebrecht se ha convertido en un tema tabú para el gobierno federal. A cualquier funcionario que le pregunten, siempre tendrá la misma respuesta: “No hay más información, se está investigando, no sabemos cuándo van a revelarse los nombres [de quienes recibieron los sobornos]”. La realidad es que el caso está congelado porque así ha convenido por los tiempos políticos y porque el objetivo es sacarlo, borrarlo, si es posible, de la agenda de los medios.

La estrategia gubernamental para “apagar” el caso Odebrecht había funcionado medianamente en las últimas semanas, hasta que el martes pasado Pemex publicó un reporte ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos en el cual reveló la terminación de un contrato con una subsidiaria de la constructora brasileña. Se trata del proyecto para reconfigurar la Refinería de Tula, Hidalgo, el cual asciende a mil 800 millones de dólares y fue cancelado por “incumplimiento en sus obligaciones”, pero no por la investigación en materia de corrupción que siguen Pemex, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Procuraduría General de la República (PGR).

El pasado 20 de abril adelantamos aquí que la PGR y la ASF tenían en la mira a dos subsidiarias de Odebrecht en México por diversos contratos obtenidos para la reconfiguración de las refinerías de Tula y Salamanca, por lo cual se les podría multar, inhabilitar y rescindir los contratos.

Según el documento que envió Pemex a la SEC, la ASF inició el 14 de junio un proceso administrativo para sancionar a dos subsidiarias de Odebrecht y a sus representantes por probables irregularidades administrativas relacionadas con un contrato de trabajo en la Refinería de Tula, de acuerdo con la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Sin embargo, las probables responsabilidades serán determinadas cuando finalicen las investigaciones y se inicien los procesos judiciales.

Además de la terminación del contrato en la Refinería de Tula II, por mil 800 millones de pesos, el cual asignó en noviembre de 2015 el entonces titular de la unidad de Transformación Industrial de Pemex, Alejandro Martínez Sibaja, están en vilo otros dos proyectos: uno firmado febrero de 2014, por mil 436 millones de pesos, para acondicionar y construir plataformas de aprovechamiento de aguas residuales de la Refinería de Tula, contratado por Pemex Refinación, a cargo de Miguel Tame Domínguez; y el segundo es una adjudicación directa para la fase 1 de la reconversión de la Refinería de Salamanca, firmado en noviembre del 2014 entre Pemex Refinación, también durante la gestión de Tame, y las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Ica Fluor Daniel y Fluor Enterprises. La operación fue por un monto de 84.7 millones de dólares.

José Antonio González Anaya, actual director de Pemex, ha insistido en que colaboran con la ASF y la PGR en las investigaciones y que llegarán hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, la PGR, a cargo de Raúl Cervantes, ha decidió reservar la información porque forma parte de un expediente judicial y legalmente los datos son considerados como clasificados. El subprocurador Gilberto Higuera Bernal dijo recientemente que la reserva de la información se mantendrá en tanto la fiscalía no presente el caso ante tribunales.

Así que la pelota está en la cancha del gobierno, pero el gobierno la tiene en el congelador. ¿Será que el presidente Enrique Peña Nieto está esperando la coyuntura política idónea para usar dicho recurso o, como en muchos casos de corrupción en México, la apuesta es que se quede sin resolver, que se salga de la agenda mediática y “se olvide"?

Duelo entre Garza Sada. Jaguar Exploración y Producción, propiedad de Grupo Topaz, el fondo de inversión que encabeza el regiomontano Dionisio Garza Sada, hizo historia ayer en la segunda y tercera fase de licitaciones de la Ronda 2.

En alianza con la canadiense Sun God, Jaguar se quedó con seis de los 10 campos de hidrocarburos licitados en la segunda fase, enfocados a gas natural ligero, mientras que en la Ronda 2.3 obtuvo cinco de los 14 campos en tierra, para extracción de gas y petróleo, coronándose como el mayor ganador en ambos concursos.

Dionisio Garza Sada es hijo de Dionisio Garza Medina, ex presidente del conglomerado regiomontano Alfa, actualmente al mando de Armando Garza Sada. Alfa también participó en las licitaciones a través de su subsidiaria Newpek, pero sólo logró quedarse con dos áreas de gas y petróleo en la Ronda 2.3, en consorcio con la estadounidense Verdad Exploration.

Twitter: @MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com

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