El gobierno salva a AMX

Los derechos televisivos de los Juegos Olímpicos de Brasil, para México, los tienen las empresas del magnate Carlos Slim, quien estaría permitiendo que la TV pública los transmita a partir del 5 de agosto, fecha en la que arranca esta justa deportiva. Estos serán transmitidos por los canales 22 de Conaculta, el 11 del Instituto Politécnico Nacional y algunas televisoras estatales. Además, están en pláticas para que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano los lleve también.

La historia inicia la semana pasada cuando el vocero de estas empresas señaló, en entrevista radiofónica, que compartirían la señal de los Juegos Olímpicos con la TV pública pues “…los Juegos Olímpicos son algo que no le puedes negar a ningún mexicano”.

La nota es que, lo que parecería ser un inusual gesto de generosidad por parte del emporio empresarial más grande del país, es en realidad una maniobra para evitarse el pago de multas millonarias que involucra un rescate gubernamental, poner en riesgo a toda la TV pública y poner contra la pared tanto a la Secretaría de Gobernación como al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Veamos por qué:

En 2013 se dio a conocer que América Móvil (AMX) obtuvo los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi, Rusia (2014) y los de verano en Río, Brasil (2016). El acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y AMX señala que la telefónica tendría los derechos de transmisión en todas las plataformas para 17 países de América Latina, incluido México. Si bien el monto pagado por estos derechos no se reveló, se ha estimado en 110 millones de dólares.

Como parte de los acuerdos con el COI, todos los que tienen los derechos de transmisión de las Olimpiadas están obligados contractualmente -y por la Carta Olímpica- a transmitir la justa deportiva por TV abierta, esto con la finalidad de asegurar una amplia audiencia para los eventos y sus patrocinadores olímpicos: Coca-Cola, Bridgstone, General Electric, McDonald’s, Omega, Panasonic, Procter&Gamble, Samsung, Visa, Nissan y Claro –marca también de AMX-, entre otras.

Cuando se anunció a AMX como ganadora de los derechos, Richard Carrión, presidente de la Comisión de Finanzas del COI y quien lideró las negociaciones, señaló: “El acuerdo garantiza que habrá continuidad en la cobertura gratuita de televisión de los Juegos Olímpicos a lo largo de América Latina….”.

Pero como en el caso de México no hubo televisora comercial (Televisa, Tv Azteca o Grupo Imagen) que quisiera pagar los altos costos que pedía AMX para recuperar su inversión, ésta tuvo que buscar la intervención gubernamental, vía la Secretaría de Educación Pública, para lograr que las televisoras públicas lleven los Juegos Olímpicos. Con ello, AMX obtuvo la ventana que necesitaba en TV abierta y evade las multas millonarias que el COI le impondría en caso de incumplir el contrato firmado. Es así como varias estaciones de la TV pública —o estatal— están ayudando a que las empresas de Carlos Slim no sean multadas.

Sin embargo, el ayudarles en esta transmisión trae aparejados riesgos para la TV pública, sobre todo si en las transmisiones que se preparan para México se trae de origen publicidad comercial o estática de los patrocinadores olímpicos. Y es que por lo general estas transmisiones conllevan desde su origen programación “embarazada” con las marcas de dichos patrocinadores, algo que la nueva Ley de Telecomunicaciones prohíbe tajantemente para los medios públicos: “Las concesiones (TV) de uso público, por su propio objeto y fines no pueden comercializar…así se garantiza la independencia editorial; dejando fuera cualquier injerencia, interés comercial o intereses personales en la transmisión de contenidos.”

Así que menudo problema podrían enfrentar las televisoras públicas si llevan cualquier tipo de comercialización al infringir la Ley, lo que le tocaría sancionar a la Secretaría de Gobernación.

Pero también el IFT ha salvado a AMX. Los reguladores mexicanos de las telecomunicaciones llevan cinco años, tres de los cuales corresponden al IFT, sin resolver si las transmisiones que han hecho de otros eventos deportivos, como los Juegos Panamericanos de 2011, son o no “televisión al público”, lo que tienen prohibido hacer y violaría su título de concesión. Ante esta ausencia de definiciones regulatorias, AMX le ha venido ganando margen a las autoridades.

Sin duda, es una buena noticia que el mayor número de mexicanos puedan ver los Juegos Olímpicos de manera gratuita, pero ya no es tan buena cuando todo acaba siendo un ardid para que con recursos públicos una empresa privada evite pagar multas e incumpla las reglas básicas de la competencia en las telecomunicaciones establecidas en la Constitución. Es como muchas cosas acaban siendo en nuestro país: se toman decisiones de corto plazo, sin medir las consecuencias a futuro.

Por lo pronto, esta partida parece haberla ganado AMX al gobierno, a tal grado que incluso éste ha de estar agradecido de que tendrá para el verano una serie de contenidos más atractivos de lo que generalmente transmite la televisión pública.

Cambiando de tema. Siguen los actos de molestia, desde el INE, para medios de comunicación y periodistas. Ahora le ha tocado a Katia D’Artigues, que fue denunciada por un “ciudadano” y tuvieron que comparecer, ella, en su calidad de candidata a la Asamblea Constituyente de la CDMX, los medios que la entrevistaron (MVS y Radio Fórmula), así como los medios en los que colabora o colaboró (EL UNIVERSAL y Tv Azteca). El INE debería tomar medidas para dejar de ser instrumento de presión política de los partidos, y ahora de “ciudadanos”, contra medios de comunicación. Todo esto viene lastimando severamente la libertad de expresión en nuestro país.

Twitter: @JTejado