Breves relevantes

*El Sindicato de Telmex en el activismo.

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana —Sindicato de Telmex—, amenaza con irse a huelga este jueves, con lo que dejaría sin servicio telefónico a 18 millones de clientes. El mismo Sindicato fue noticia la semana pasada cuando EL UNIVERSAL reveló conversaciones telefónicas de Vidulfo Rosales —abogado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa— en las que en tres ocasiones da cuenta (a su esposa) que son los “telefonistas” quienes les prestan oficinas, les pagan el combustible de autobuses y costean los alimentos. En sí, parecería que una buena parte de la logística para que puedan operar los activistas de los 43 desaparecidos la da, según las grabaciones, el sindicato de Telmex.

Por ello, habrá que estar pendientes de si el emplazamiento a huelga de esta semana es una legítima demanda gremial o parte de alguna estrategia política.

*La “Ley 3 de 3” boomerang al empresariado.

La mayoría de los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Así, a varias personalidades les pareció una buena idea que, a través de la recién creada “iniciativa ciudadana”, la sociedad civil avanzara en la redacción y presentación de una iniciativa legal anti-corrupción. Esta se conoce como la “Ley 3 de 3” y en ella se propone que los servidores públicos presenten tres declaraciones de manera forzosa: i) patrimonial, detallando los recursos y bienes que poseen, ii) la fiscal, su pago de impuestos, y iii) la de conflicto de intereses, en la cual darán cuenta de con quién se tienen negocios y/o relaciones familiares para transparentar todo tipo de vínculos que pudieran crear un ámbito de favoritismo. Esto, como parte de un sistema para combatir la corrupción.

El motor para conseguir las firmas necesarias —137 mil— fueron las varias empresas afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial y al Consejo Mexicano de Negocios cuyos empleados firmaron la iniciativa y dieron copia de su credencial de elector. Hasta ahí, todo muy bien, el problema es lo que está pasando ahora: una iniciativa lanzada por el empresariado se está volviendo en contra de ellos y con un tufo populista.

Y es que, si bien la iniciativa no era del todo clara en lo que respecta a las obligaciones para las empresas y empresarios que recibieran recursos públicos, las adiciones que se han venido presentando —particularmente por el PAN— ahora harían que cualquier particular (persona física o moral) que reciba recursos públicos tendrá que presentar también su 3 de 3 y pedirle a sus familiares, hasta en cuarto grado, que hagan lo mismo.

Así, cualquier persona o empresa que reciba ingresos del gobierno por alguna venta (sistemas de cómputo, alimentos, refacciones, mercadotecnia, vehículos, boletos de avión, uniformes, etcétera) deberá transparentar todos sus ingresos —públicos o privados— y dar cuenta de todo su patrimonio. Como ejemplo, todas las empresas del sector comunicaciones estarían siendo sujetas a la Ley 3 de 3: desde los periódicos que tienen propaganda gubernamental, hasta las estaciones de radiodifusión que hayan vendido algún spot a gobierno, pasando por las telefónicas que, al arrendar líneas telefónicas a dependencias, reciben pagos con dinero público.

El sinsentido no acaba aquí: quien le venda al gobierno deberá de pedirle a sus padres, hijos, cónyuges, tíos y primos que presenten las mismas declaraciones y las hagan públicas.

El esquema de las tres declaraciones se pensó para mejor fiscalizar a los funcionarios de gobierno, pero abre la puerta a una cacería de brujas y pone en riesgo la privacidad y seguridad de decenas de miles de personas que nada tienen que ver con el gobierno, ni reciben recursos públicos y mucho menos son parte de actos de corrupción. ¿Es este el escenario que vislumbró el empresariado? Para la reflexión queda cómo el empresariado, buscando combatir la corrupción, acabó siendo víctima de su propia iniciativa.

Es lamentable que un tema tan necesario, sea utilizado para fines de mercadotecnia y electorales por algunos promoventes. Ojalá exista consenso para dictaminar algo que sí sea un avance.

*Intervenciones telefónicas.

Se espera que mañana la Segunda Sala de la Suprema Corte defina si los datos que arrojan los teléfonos celulares —geolocalización y metadata— pueden ser pedidos por las autoridades a las telefónicas sin orden judicial y sin conocimiento de sus clientes. Es un debate entre seguridad y privacidad (ver artículo de la semana pasada). El tema no se verá en el Pleno de la Corte, por lo que la sesión no será transmitida por el Canal Judicial, pero será un debate de la mayor relevancia y con impacto en los millones de mexicanos que utilizamos un celular.

*Celebración en Radiorama

Uno de los fundadores de Radiorama, Javier Perez de Anda, celebró en días recientes su 80 aniversario. Con discreción creó, junto con la familia Pereda, lo que por número de estaciones es quizá el grupo más grande de radio en México. Además, ha sido presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) y desintersadamente simpre ha formado parte de su Consejo Directivo. Su sabiduría y experiencia es fundamental en cuanta decisión ha tomado la CIRT desde hace 40 años. La semana pasada tuvo oportunidad de reunir a autoridades, legisladores, concesionarios y anunciantes, prácticamente a todos con los que ha tratado a lo largo de una larga y próspera carrera. Enhorabuena.

*Mancera y Santa Fe.

Buena decisión que el Jefe de Gobierno, Miguel A. Mancera y la Asociación de Colonos de Santa Fe, que preside Itziar de Luisa, hayan acordado destinar 30 hectáreas para crear un área verde y parque. No recuerdo en los últimos 20 años la creación de un solo parque de estas dimensiones en la Ciudad de México. Los beneficiados directos serán los habitantes de Cuajimalpa, y ojalá que este modelo de asociación público-privado se repita en todas las delegaciones pues lo que más hace falta en esta Ciudad son árboles para abatir la contaminación y espacios públicos seguros para que jueguen los niños.

Twitter: @JTejado