¿A quién le habla Rubén Figueroa?

Héctor De Mauleón

El caso Ayotzinapa se resuelve rápido, “con una indemnización importante para todos los padres de los 43”. La frase es del ex gobernador de Guerrero Rubén Figueroa Alcocer, defenestrado en 1995 a consecuencia de la masacre —a manos de policías— de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas.

La frase es pronunciada cuando se cumple año y medio de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. ¿Por qué?

Decía el gran novelista Martín Luis Guzmán que en política no hay casualidades. Martín Luis, desde luego, pudo equivocarse. Pero llama mucho la atención que el hijo de El Tigre de Huitzuco —el también ex gobernador de Guerrero entre 1975 y 1981, Rubén Figueroa Figueroa— salga 18 meses después de la tragedia a recomendar que el problema se resuelva “rápido”, “indemnimizando” (sic) a los padres con una fuerte cantidad de dinero.

Llama mucho la atención, entre otras cosas, porque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, ha solicitado insistentemente a la PGR que se investigue si los 43 alumnos de la normal rural pudieron ser llevados a Huitzuco, el feudo de la dinastía Figueroa al menos durante los últimos 50 años.

El GIEI documentó en su informe sobre el caso que la noche de la masacre el chofer de uno de los autobuses secuestrados por los normalistas oyó que uno de los policías municipales le decía a otro que los alumnos ya no cabían en las patrullas, y que el otro agente respondió: “No importa, ahorita vienen los de Huitzuco”. Al poco tiempo habrían llegado patrullas “de color azul con blanco”.

Según un testigo, los estudiantes subidos a aquellas patrullas fueron llevados “en dirección a Huitzuco, en dirección contraria a Iguala”.

Huitzuco es una palabra que salpica aquí y allá el expediente de Ayotzinapa.

El jefe de plaza de los Guerreros Unidos en Iguala, Gilberto López Astudillo, alias El Gil, declaró que el presidente municipal de Huitzuco, Norberto Figueroa Almazo, se hallaba en la nómina de la organización; lo mismo dijo del secretario de Seguridad Pública, y también del cuerpo policiaco del municipio: “todos ellos recibían su nómina (sic) para desaparecer gente y secuestrar”.

El presunto líder máximo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, declaró que el encargado de la plaza de Huitzuco era un sujeto llamado Walter Alfonso Deloya, alias El W o El Medusa. Este individuo habría pertenecido primero a la Familia Michoacana, y servido después a los Guerreros Unidos —a quienes traicionó más tarde para pasarse al lado de Los Rojos.

Halcones y sicarios asentaron en sus declaraciones que tras la traición de El Medusa, otro líder de Guerreros Unidos, Alejandro Benítez Palacios, alias El Cholo Palacios, quedó encargado del secuestro, la extorsión y el narcomenudeo en Huitzuco.

En Huitzuco operó el sicario más sanguinario de los Guerreros Unidos, Eduardo Joaquín Jaimes, El Chucky, que hasta la fecha sigue prófugo e impune (sus cómplices lo han señalado como el más despiadado “descuartizador y ejecutor”).

En julio de 2015 fue asesinado en Huitzuco el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Evangelista Moreno: salía de su casa rumbo a sus oficinas cuando un comando lo acribilló.

Un mes después de la desaparición de los estudiantes, representantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG, acompañados por 50 elementos de la Gendarmería Nacional, fueron a Huitzuco, “toda vez que tuvieron información respecto a que ahí podrían encontrar a los 43 normalistas desaparecidos”.

Una mujer informó que los alumnos se hallaban secuestrados en una iglesia abandonada y que desde los caminos de terracería cercanos “podían escucharse sus lamentos y gritos de auxilio”. Un líder comunitario aseguró más tarde que en la capilla abandonada se oían “gritos de gente” y que “luego se escuchaba cómo estaban cortando huesos”. La PGR acudió al lugar. No se encontró nada.

El expediente deja, sin embargo, la certeza, de que la actividad criminal en Huitzuco es semejante a la de la Iguala del ex alcalde José Luis Abarca.

El GIEI insiste que en aquel municipio hay líneas de investigación que seguir. Y de pronto aparece el cacique político del lugar a recomendar que se “indemnimice” pronto a los padres, para que el caso se resuelva ya.

¿Es una señal o un mensaje? ¿A quién va dirigido?

Ni cómo saberlo. Mientras tanto, dejo aquí estos datos.

@hdemauleon

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