¿Acaso la crisis de seguridad solo está en nuestras cabezas?

En innumerables ocasiones hemos escuchado referencias de nuestras autoridades respecto a que la crisis de seguridad por la cual atraviesa México sólo está en nuestras cabezas. Justamente para respaldar sus dichos retoman estadísticas convenientes con la finalidad de generar una narrativa oficial que trate de convencernos de que la incidencia delictiva ha disminuido y que nuestras autoridades garantizan eficientemente nuestra seguridad y derechos humanos.

Sin embargo, la realidad nacional es muy distinta pues con base en la información del número de carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías de los estados durante los primeros meses de este año, la incidencia delictiva parece seguir al alza, sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Sin lugar a dudas, los propios datos oficiales muestran que evidentemente 2017 presenta un escenario más peligroso para la población que el que se tuvo en 2016.

Es cierto que el actual panorama es complejo, sobre todo si se intenta dar una respuesta sobre las causas de esta innegable crisis de violencia. Este contexto se vuelve aún más complejo si consideramos que llevamos años escuchando los mismos discursos, que refieren la implementación de acciones y programas que se han repetido hasta el cansancio sin brindar resultados efectivos para la población. Pareciera que ninguna de nuestras autoridades federales y estatales se ha cuestionado si efectivamente lo realizado ha tenido algún impacto en la problemática que el país enfrenta.

La violencia se mantiene vigente debido a factores como la lucha que los grupos de delincuencia organizada dan entre sí y contra el Estado por controlar los territorios locales; la falta de pericia, capacidades, equipamiento y coordinación de las autoridades; la corrupción de algunos presidentes municipales o gobernadores que favorecen o entregan territorios a los cárteles de la droga, que desfalcan las finanzas públicas afectando capacitación, equipamiento, infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos; la crisis económica que funge como caldo de cultivo para la comisión de delitos; las debilidades de los operadores del sistema de justicia que, tras la plena implementación del sistema acusatorio, fallan en lograr un proceso apegado que sancione culpables y permita reparación del daño y acceso a la justicia para las víctimas.

La lista de posibles factores no termina así sino que hay que considerar que otro factor que ha sido de suma importancia es cómo nuestros funcionarios han relativizado y minimizado las evidencias del aumento de inseguridad, delincuencia y violencia.

Tomemos como ejemplo las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, quien dice que "la crisis está en nuestras cabezas" o el informe de labores del procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, quien, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, habló de los resultados en materia de seguridad en esta entidad, pero omitió reportar los delitos al alza como el homicidio doloso, solo presentó los casos de delitos a la baja.

La deuda que los gobiernos locales mantienen con todos los mexicanos la puso en evidencia el Comisionado Nacional de Seguridad, Rebato Sales Heredia, quien exhibió a un considerable número de autoridades estatales y municipales que siguen gastando mal nuestros recursos destinados a la seguridad, con la expectativa que la federación resuelva lo que ellos prefieren no atender.

El pasado mes de febrero puso en evidencia que las acciones implementadas por nuestras autoridades carecen de efectos positivos en términos de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros.

Debemos llamar la atención de la opinión pública y de quienes manejan la seguridad del país, ya que bajo ninguna circunstancia la crisis de seguridad está sólo en nuestras cabezas.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano

@frarivasCoL