Espionaje y comparecencia

La publicación reciente del reportaje en The New York Times sobre el uso y abuso de un sistema de espionaje destinado sólo a instancias gubernamentales para vigilar a abogados, activistas y periodistas críticos refleja un método sistemático de la actual administración federal de Enrique Peña Nieto: aplicar una política de hostigamiento y no de protección a quienes se han convertido en una amenaza creciente para el autoritarismo prevaleciente.

Un gobierno democrático espía siempre y cuando existan marcos legales y órdenes judiciales claras contra una amenaza al Estado de derecho. Un gobierno autoritario y torpe confunde a los terroristas con los periodistas, al crimen organizado con los defensores de derechos humanos y, lo peor, confunde el espionaje con la invasión sistemática a la privacidad de los ciudadanos.

En otras palabras, estamos ante un Big Brother torpe, sin control y mentiroso. Torpe porque deja las huellas digitales e informáticas de su intrusión a la vida privada de ciudadanos que no han cometido ningún delito. Torpe porque con un desmentido de baja categoría pretende minimizar algo que ya es un escándalo internacional. Como diría el periódico británico The Independent , frente a la revelación del sistema de espionaje en México el caso del presunto ciberespionaje de los rusos con Donald Trump empalidece.

No existe ningún control porque se espían hasta entre ellos mismos, hasta contra sus propios aliados.

El espionaje sin una labor de inteligencia eficaz es simplemente paranoia ineficaz y autoritaria. Los servicios de inteligencia de un Estado democrático deben servir para atrapar a los asesinos de periodistas o a los responsables de matanzas como las de Tlatlaya o de desapariciones forzadas como la de los normalistas de Ayotzinapa. Aquí parece ser todo lo contrario: el espionaje sirve para intimidar al mensajero y a los defensores de las víctimas.

Es mentiroso porque nadie le creerá al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, que esta administración respeta la legalidad a la hora de espiar. La investigación realizada por organizaciones como Artículo 19, la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, Social Tic y la organización canadiense Citizen Lab es muy contundente: se trata de infectar las comunicaciones privadas de los afectados a través de un malware dirigido contra abogados del Centro Miguel Agustín Pro, de la periodista Carmen Aristegui y de su hijo Emiliano, contra colaboradores de Aristegui que participaron en la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto y hasta en contra de Carlos Loret de Mola, conductor de Televisa, por su investigación del caso Tanhuato.

También se invadió la privacidad de los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, colaboradores de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, así como de los activistas y académicos Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad quienes recibieron al menos 4 mensajes intentando infectar sus dispositivos móviles.

La empresa fabricante de este malware llamado Pegasus es la compañía Grupo NSO y se calcula que, al menos, el gobierno mexicano le pagó 15 millones de dólares para tres proyectos desde 2013. Zamir Dahbash, portavoz del grupo empresarial, declaró al propio periódico neoyorquino que la venta de este tipo de tecnología quedó restringida sólo a gobiernos autorizados y exclusivamente para investigar terroristas. El vocero de Grupo NSO admitió que no existe ningún mecanismo de control para verificar el uso “legal” de su tecnología de espionaje.

¿Acaso Carmen Aristegui y su equipo constituyen una peligrosa célula terrorista para el gobierno peñista? ¿Será que los abogados defensores del Centro Miguel Agustín Pro apoyan a enemigos del Estado? ¿En qué momento Mexicanos contra la Corrupción se volvió una amenaza equiparable al crimen organizado?

Si no fue así, ¿por qué el gobierno y las instancias como la Secretaría de la Defensa, el CISEN o la PGR no tuvieron el más mínimo control para evitar este tipo de espionaje ilegal e intimidatorio?

¿Qué trata de ocultar realmente el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Acaso son más peligrosos los que investigan la corrupción que los mismos corruptos como los ex gobernadores priistas Javier Duarte, César Duarte, Humberto Moreira o Roberto Borge? ¿Por qué no han utilizado este sistema de espionaje para evitar los millonarios desfalcos al erario y la triangulación de fondos al extranjero en las entidades del país? ¿Es más peligrosa una abogada de origen norteamericano que defiende a las víctimas de torturas y abusos sexuales de Atenco que los criminales que roban los ductos de Pemex?

Estamos ante una auténtica crisis de Estado. No es un caso anecdótico. Por el contrario, difícilmente se puede aprobar y discutir una ley como la de Seguridad Interior que pretende legalizar la acción del ejército o la Secretaría de Marina en funciones policiacas cuando estamos observando que existen este tipo de abusos.

Aprobar una Ley de Seguridad Interior sin resolver claramente la responsabilidad de quienes ordenaron y financiaron estos y otros casos de espionaje contra ciudadanos es abrir las compuertas al fascismo. No estamos exagerando. Es el camino más corto para eliminar las garantías individuales y convertirnos en un Estado policiaco.

Por estas razones, la responsabilidad institucional no puede quedarse en meras declaraciones o boletines de prensa publicados vía Twitter por la vocería presidencial en donde señalan que “no hay pruebas” para acusar al gobierno federal de esta utilización perversa de un sistema informático que viola todas las normas de un Estado civilizado.

Es urgente y de obvia resolución que los titulares de la Procuraduría General de la República, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional comparezcan ante esta Comisión Permanente para que expliquen a esta representación nacional sobre las adquisiciones, uso, gastos y operaciones del sistema Pegasus adquirido a la empresa NSO Group.