Hay dos premisas sólidas: Andrés Manuel López Obrador será un competitivo candidato a la Presidencia de la República y López Obrador piensa que la reforma energética será un fracaso más en los intentos por modernizar el país. Por tanto, no es improbable que de ganar las elecciones buscaría revertir o eliminar la reforma.

Hago el silogismo porque en la semana que termina tuvo lugar una desordenada discusión sobre los temores que el líder de Morena genera en círculos políticos, empresariales e intelectuales. Discusión que el yudoka de López Obrador aprovechó para seguir fortaleciendo el músculo.

Ayer que el gobierno celebraba la colocación a buen precio de tres de los cinco campos en aguas no profundas licitados en la segunda fase de la Ronda Uno, Jorge Castañeda soltó una inquietud inquietante en su artículo en Milenio.

Escribió que cuando llegue la hora (mediados de 2016) de las licitaciones en aguas profundas y de las inversiones de decenas de miles de millones de dólares que requieren de seguridad jurídica y financiera, los grandes capitales podrían dudar, porque “en la legislación secundaria, tal y como está hoy redactada, el gobierno puede, por decisión administrativa y sin arbitraje internacional forzoso, expropiar cualquiera de las licencias otorgadas. No existen garantías de audiencia, apelación y mucho menos de un arbitraje internacional obligatorio y vinculante para determinar los montos de compensación”.

¿En verdad las cosas están hechas así?, le pregunté al presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda. Me respondió que difiere:

—Tendríamos que ver qué caso de incumplimiento de contrato sería. Hay dos tipos. Primero, los muy graves, como que se presente información falsa o no se cumpla con el compromiso de inversión mínima. Este tipo de causales, que están expresas en la ley, le permiten al Estado ejercer una rescisión administrativa que, efectivamente, no sería sujeta de arbitraje. Otro tipo de faltas sí serían sujetas del arbitraje internacional.

—¿Entonces?

—Las causales de la rescisión administrativa están expresa y precisamente definidas en la ley. No hay un entorno de vacío legal, sino el marco de una ley en donde el Estado actúa como autoridad, no como contraparte de un contrato, y en donde el afectado tendría los recursos del amparo, de los tribunales y de las leyes.

Quizá ese razonamiento, sumado al de que las utilidades y beneficios para el gobierno mexicano serán muy grandes, convenza a los inversionistas. Pero la amenaza de un candidato con probabilidad de ganar y con la tentación de convertirse en Lázaro Cárdenas II está y estará ahí.

Al menos los próximos treinta y tantos meses.

MENOS DE 140. Cuauhtémoc Cárdenas regresa a la escena hoy, 2 de octubre, con el proyecto Por México hoy. ¿Más cerca de Morena o del PRD?

gomezleyvaciro@gmail.com

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