El desgaste innecesario

Ha pasado un año del caso Tlatlaya y nueve meses del caso Ayotzinapa y el gobierno de Enrique Peña Nieto parece que sigue sin encontrar la coherencia discursiva y de acciones para esclarecerlos a cabalidad, y al mismo tiempo, desahogar de manera adecuada las consecuencias políticas de ambos.

El daño a la imagen del Presidente en México y en el mundo ha sido profundo y la manera de proceder de su equipo frente a estos dos casos graves de violación a los derechos humanos le ayuda poco.

Usted leyó en estas Historias de Reportero el 25 de febrero pasado que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, había expresado entre sus colaboradores y con altos funcionarios del gobierno su malestar por el caso Tlatlaya.

Contra lo que pudiera intuirse, la exigencia del general era que, de haber elementos suficientes, los soldados involucrados fueran sometidos lo más pronto a un juicio y castigados si se demostraba que eran culpables.

Cinco meses después, la exigencia del secretario es la misma, como lo dijo anteayer en entrevista para EL UNIVERSAL. Si son culpables, que se les castigue, insiste. Y, si se comprueba su responsabilidad, se les debe procesar por violación de derechos humanos, no por desobediencia.

Fuentes del Poder Judicial me revelaron que la Procuraduría General de la República no había dado al caso el “impulso procesal” necesario para avanzar con más celeridad en los lentos caminos de la justicia mexicana.

Las contradicciones en las tres principales testigos que, en febrero ya afloraban, hoy se hacen más evidentes y la PGR podría estar frente al desmoronamiento de su caso.

Fuera del proceso judicial, la respuesta política del equipo gobernante no ha variado. Si el caso se cae y prevalece la impunidad, el desgaste será aún mayor.

Con el caso Ayotzinapa ocurre algo similar. Después de la muy comentada investigación que encabezó el ex procurador Jesús Murillo Karam, su sucesora, Arely Gómez, ha optado por el bajo perfil.

No tendría nada de preocupante esa opción si existiera la percepción de que el proceso se lleva sin trabas y con transparencia. La queja expresada antier por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería poner en alerta al gobierno: no pueden pensar que lo peor ya pasó y que nadar de muertito les será redituable.

Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicen que el gobierno mexicano simplemente no les da respuesta oficial, ni un sí ni un no, a su petición de entrevistar a los soldados del Ejército pertenecientes al Batallón 27 que se encontraban en Iguala aquella noche del 26 de septiembre.

El secretario de Gobernación ha dicho a la prensa que no permitirán las entrevistas a los soldados fuera del proceso judicial. La Procuraduría General de la República (PGR) tomó declaración a los que consideró relevantes para la investigación y a los que no llamó, el gobierno no los someterá a interrogatorios externos.

La justificación puede discutirse. Lo que no se entiende es para qué promovió —y financió— el gobierno la actuación de los peritos extranjeros. Si la idea era abrir el caso y demostrar al mundo que no hay nada que ocultar, cerrarles la puerta ahora echa por tierra el objetivo.

Que no se sorprendan entonces de que algunos personajes internacionales tengan la impresión de que en México no hay democracia, que el Presidente sigue controlando todo y que es el principal culpable en estos dos casos y otros más.

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